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En el reciente Consejo de Ministros, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, comunicó la expedición próxima de un decreto por parte del Ministerio de Ambiente de Colombia. Esta disposición buscará que las empresas responsables de la generación hidroeléctrica y las centrales térmicas que trabajen en cuencas afectadas por el impacto del frente frío aporten recursos adicionales enfocados en atender la emergencia climática en curso. Según señaló Vélez, la medida responde a una instrucción presidencial clara y tiene como meta movilizar la mayor capacidad económica del sector energético hacia la solución de la crisis.
El texto legal modificará transitoriamente el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. De acuerdo con la nueva regulación, las compañías deberán transferir un 2% adicional de sus ventas brutas originadas en la generación de energía durante un periodo de seis meses. Este nuevo porcentaje se suma al 1% que tradicionalmente destinan a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entidades encargadas de la gestión ambiental en los territorios.
La ministra (e) Vélez aclaró que el recaudo producto de esta medida será destinado en exclusividad a la financiación de proyectos que permitan la recuperación y mitigación de los impactos tanto ambientales como sociales resultantes de la actual crisis climática. Tales recursos serán distribuidos de manera proporcional, observando criterios de costo, integralidad presupuestal y, sobre todo, la priorización de las zonas más afectadas, entre las que figura el departamento de Córdoba. El decreto también estipula que el Ministerio de Ambiente expedirá los lineamientos técnicos en un plazo de quince días, y serán las propias CAR quienes estructuren los proyectos, previa revisión y aprobación técnica del Ministerio. Además, se contempla la posibilidad de exigir coordinación interjurisdiccional cuando la magnitud del daño lo requiera.
Durante la misma sesión, Vélez presentó un balance sobre el estado de los embalses. Señaló que cuatro de estos, incluyendo Urrá e Hidroituango, se encuentran próximos o incluso por encima de su capacidad máxima operativa. Datos del Consejo de Administración de Cuenta Especial (CACE) del Ministerio de Minas y Energía indican que los aportes de agua a Urrá alcanzaron los 1.600 metros cúbicos por segundo, una cifra levemente inferior al pico del 2 de febrero, cuando se reportaron 2.300 m³/s. El Ministerio enfatizó que se mantiene un seguimiento estricto al comportamiento de este embalse.
Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se advierte sobre la saturación de los suelos aguas abajo del río Sinú y la disminución de la capacidad de retención de Urrá ante posibles nuevos ingresos de caudal. Por esta razón, el sector ambiental ha recomendado la realización de estudios que permitan mantener un volumen de vacío en el embalse, lo que ofrecería mayor seguridad ante lluvias y eventos climáticos extremos asociados al cambio climático. Finalmente, se dejó claro en el Consejo que, por ahora, la gestión de las represas se regirá anteponiendo lineamientos ambientales sobre cualquier compromiso comercial.
¿Cómo se estructurarán los proyectos ambientales que financiarán estos recursos adicionales?
La estructuración de los proyectos ambientales que serán financiados con los nuevos recursos anunciados recae en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Según lo dispuesto en el anuncio del Ministerio de Ambiente, estos proyectos deberán someterse, antes de su ejecución, a la revisión y aprobación técnica por parte del propio Ministerio, que expedirá lineamientos específicos en un plazo de quince días. Esta rigurosidad en el proceso de estructuración busca garantizar que las inversiones realmente contribuyan a la recuperación y mitigación de los daños ambientales y sociales provocados por la emergencia climática.
Este mecanismo resulta relevante porque establece una doble verificación: primero, que las CAR, como autoridades territoriales en materia ambiental, elaboren propuestas conforme a los criterios locales de afectación y, en segundo lugar, que el Ministerio, desde un nivel central, verifique la pertinencia técnica y la alineación con las prioridades nacionales. Así se asegura el uso adecuado de los recursos y se evita la dispersión de esfuerzos frente a la magnitud del desafío actual.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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