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La Contraloría General de Antioquia ha iniciado una actuación especial de fiscalización dirigida a la Sociedad Hidroituango S.A. Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.), con la finalidad de esclarecer si existió un detrimento patrimonial derivado de las decisiones tomadas respecto al cambio de contratistas para concluir las obras pendientes de la central hidroeléctrica Hidroituango. El punto focal de atención por parte de este ente de control tiene que ver, específicamente, con la contratación de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, sobre las cuales se tomaron determinaciones trascendentales durante la administración municipal encabezada por el exalcalde Daniel Quintero y el exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo.
Esta investigación tomó fuerza a raíz de una denuncia ciudadana presentada por Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal. En su comunicación advertía sobre un presunto incremento desproporcionado en los costos de las obras finales de la hidroeléctrica, aumento que se habría originado tras la salida del consorcio constructor original, denominado CCC Ituango, y la llegada de nuevos ejecutores. La Contraloría señaló que pretende verificar si las decisiones administrativas en torno a estos contratos repercutieron de manera negativa en el patrimonio público, considerando el aumento del costo, que pasó de 410.000 millones de pesos a casi 900.000 millones, sin que aparentemente mediara un cambio técnico justificado en el alcance de las obras, según información del mismo órgano de control.
En su pronunciamiento, la Contraloría de Antioquia explicó que la fase de fiscalización incluye la evaluación de “eventuales afectaciones al patrimonio público derivadas del cambio de contratista”, además de ahondar en los “posibles sobrecostos y contingencias fiscales asociados a la modificación contractual”. El Contralor General del departamento, Juan Carlos Herrera Toro, remarcó en un comunicado oficial que el proceso se desarrollará de forma objetiva e imparcial, protegiendo los recursos de los habitantes de Antioquia y garantizando los derechos de contradicción y defensa de los involucrados.
La sustanciación de esta auditoría recayó en la organización regional tras la decisión de la Contraloría General de la República de no ejercer su poder preferente sobre este caso relacionado con la Sociedad Hidroituango. Sin embargo, la entidad nacional solicitó ser informada de los resultados que surjan de la investigación.
Esta actuación revive el debate alrededor de la controvertida estrategia jurídica y mediática desplegada durante el periodo de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín (2020-2023), una etapa marcada por señalamientos contra el Consorcio CCC Ituango, el constructor inicial. Según El Colombiano, Quintero acusó a los constructores de modificación de diseños y de emplear materiales de calidad inferior, lo que habría ocasionado la emergencia de 2018. Dichas premisas llevaron a que se optara por un cambio de contratistas para las etapas finales del proyecto, decisión que culminó con la concesión de los trabajos a un consorcio integrado por la firma china Yellow River y la colombiana Schrader Camargo.
No obstante, fallos recientes ponen en entredicho la narrativa que sustentó este cambio: en diciembre, un tribunal de arbitramento concluyó que el consorcio constructor original no tenía responsabilidad en el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), estableciendo que la causa radicó en un fenómeno geológico inesperado o, en su defecto, en deficiencias de diseño a cargo de EPM, no en la ejecución de la obra. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó una demanda por daños patrimoniales presentada por EPM, pues el laudo arbitral ya había dirimido la controversia.
Este nuevo proceso de fiscalización, entonces, deberá esclarecer si la decisión de cambiar contratistas en el contexto de esas disputas legales y políticas agravó el costo para el departamento, llevándolo a duplicar el valor inicialmente previsto para la culminación de una obra fundamental en la seguridad energética de Colombia.
¿Por qué la variación en el costo de los contratos de Hidroituango es relevante para la opinión pública?
El incremento del costo de las obras de Hidroituango —de 410.000 a cerca de 900.000 millones de pesos— tras el cambio de contratistas despierta interrogantes sobre el manejo de recursos públicos y decisiones administrativas de alto impacto para la región. Según expone la Contraloría de Antioquia, comprender si hubo o no justificación técnica y económica para esa variación es clave, ya que de ello depende la integridad del patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en la gestión de proyectos de infraestructura.
Además, la controversia involucra antecedentes legales trascendentales, como el reciente fallo arbitral que exime de responsabilidad al constructor original en el siniestro de 2018. En ese contexto, el desempeño del control fiscal adquiere especial relevancia: la opinión pública espera claridad y transparencia sobre las acciones que motivaron los sobrecostos, así como eventuales responsabilidades de quienes lideraron las decisiones en ese periodo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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