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El Gobierno colombiano decidió retirar el proyecto de ley que prohibía plataformas de transporte particular, como Uber y Didi, y sancionaba a usuarios por usarlas, más conocido como régimen sancionatorio del sector transporte.
El funcionario dijo que se harán ajustes al articulado, “de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sean reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”.
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La iniciativa que quedó radicada en el Congreso de la República el pasado 20 de enero, fue construida en conjunto por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte con el fin de modernizar el régimen sancionatorio del sector.
Sin embargo, expertos y actores del sector advirtieron que en realidad la nueva ley terminaría por endurecer de forma drástica el tratamiento contra las plataformas de movilidad y sus usuarios.
Por ejemplo, con el nuevo régimen, los conductores que operaran mediante plataformas con vehículos particulares podrían enfrentar inmovilizaciones de hasta 60 días en la primera infracción, 90 días en la segunda y 120 días en las siguientes.
También se elevaba de manera significativa el castigo económico, pues las plataformas y los usuarios podrían ser sancionados con multas cercanas a los $4,7 millones (390 UVB) por cada viaje realizado en un vehículo particular, por facilitar transporte ilegal.
Uno de los puntos más controvertidos era que la Superintendencia, junto con alcaldías y áreas metropolitanas, podría ordenar la suspensión preventiva inmediata de la operación de plataformas digitales o de algunas de sus líneas de servicio, sin necesidad de una decisión administrativa o judicial de fondo, lo que para el sector equivale a un golpe directo a la neutralidad de la red.
Según José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, los servicios prestados con vehículo particular a través de aplicaciones dejarían de considerarse actividades no reguladas para pasar a ser explícitamente ilegales, en contravía de decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La plataforma de Uber también se pronunció en su momento y apuntó que «convertir estas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia». Además sostuvo que «criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios».
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