El Gobierno nacional estudia un proyecto de reforma al régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte que ha causado preocupación en la industria del transporte digital en Colombia, donde operan plataformas como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Picap.
La iniciativa, radicada en la Secretaría del Senado el pasado 20 de enero, clasifica los servicios de transporte intermediados por aplicaciones como ‘ilegales’ y propone un endurecimiento de las sanciones no solo para conductores, usuarios y plataformas digitales, sino también para terceros que estén relacionados con su operación.
Uno de los puntos que más controversia ha causado es el artículo 88 del proyecto, el cual contempla multas de hasta 726 millones de pesos para propietarios y propiedades horizontales, como edificios, conjuntos residenciales o comerciales, que permitan, promuevan, ofrezcan o consientan —de manera directa o indirecta— la prestación o el estacionamiento de servicios de transporte considerados informales o ilegales.
De acuerdo con el texto, la sanción aplicaría a espacios donde se facilite la operación de este tipo de servicios, lo que ha sido interpretado como una posible multa a parqueaderos o conjuntos donde se estacionen vehículos que trabajen con estas aplicaciones.
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La propuesta hace parte de una reforma más amplia que busca reforzar las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Transporte frente a actividades que, según el Gobierno, operan al margen de la regulación vigente. Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el alcance real de estas medidas sigue siendo motivo de análisis y debate.
¿Es legal el servicio de Uber en Colombia?
En medio del debate sobre la legalidad de las plataformas de transporte digital, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una decisión clave que impacta el funcionamiento de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify en Colombia.
El fallo señala que ordenar el bloqueo de estas plataformas vulneraría el principio de neutralidad tecnológica, por lo que no resulta procedente prohibir su operación a través de acciones populares. Con esta determinación, el tribunal cerró la puerta a solicitudes presentadas por sectores del gremio de taxistas que buscaban frenar el uso de estas aplicaciones en el país.
La decisión también aclara que, aunque estos servicios aún no cuentan con una reglamentación específica dentro del marco normativo colombiano, su funcionamiento no puede considerarse ilegal por ese solo hecho. En ese sentido, el tribunal estableció que la ausencia de regulación no equivale a una prohibición expresa.
El pronunciamiento reabre la discusión sobre la necesidad de una regulación clara para el transporte digital en Colombia y marca un precedente en el tratamiento jurídico de las plataformas tecnológicas.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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