El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Durante las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, la Contraloría General de la República ha identificado graves irregularidades en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que están a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según el informe de este órgano de control, los hallazgos fiscales alcanzan la suma de 8.839 millones de pesos colombianos, cifra que evidencia preocupaciones profundas en el manejo de los recursos públicos encargados a dicha entidad.
El proceso auditor estableció un total de 22 hallazgos, de los cuales 11 revisten incidencia fiscal, lo que significa un impacto directo sobre el patrimonio del Estado, y 17 presentan presunta incidencia disciplinaria, lo que podría acarrear consecuencias legales para quienes ocupan posiciones de responsabilidad dentro de la SAE. Entre las principales falencias, la Contraloría documentó situaciones críticas en la administración de bienes, deficiencias en los procesos de desalojo, carencias en los controles de seguimiento a quienes están encargados de los activos, además de debilidades notorias en los sistemas de información, que dificultan la gestión del inventario y la coordinación entre áreas involucradas en los procesos misionales, según reporta El Espectador.
Asimismo, el informe detalla circunstancias específicas como contratos de arrendamiento sin pólizas, subarriendos no autorizados, descuentos no procedentes y ausencia de mecanismos efectivos para controlar el cumplimiento de las reparaciones a bienes e incumplimientos de obligaciones por parte de los arrendatarios. Estas situaciones vulneran la integridad de los bienes y pueden traducirse en pérdidas económicas para el Estado.
La situación se agrava en el manejo de vehículos bajo administración de la SAE, para los cuales se detectaron falencias en procedimientos de enajenación, comercialización, adjudicación y cuerpos de vehículos que llevan almacenados por más de seis años. Solo en concepto de bodegaje por estos automotores, la Contraloría encontró gastos superiores a 1.090 millones de pesos para el periodo comprendido entre 2021 y 2025.
Un ejemplo paradigmático de esta ineficiencia administrativa es el caso reportado por la Contraloría, en el que se pagaron hasta 68,4 millones de pesos por el almacenamiento de un solo camión, que, en teoría, debió ser vendido por la SAE. En total, hay 113 vehículos similares que generan gastos mensuales significativos para el erario, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto negativo de la gestión de estos activos especiales.
En consecuencia, la Contraloría ha anunciado que evaluará la eficacia de las acciones implementadas por la SAE para superar estas deficiencias y realizará un seguimiento detallado sobre los planes de acción y las metas correctivas o preventivas que la entidad debe ejecutar. Toda la información referida y los datos citados provienen de la entidad de control y del periódico El Espectador.
¿Qué implica la extinción de dominio y cómo funciona para los bienes administrados por la SAE? La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado tomar posesión de bienes involucrados en actividades ilícitas y administrarlos mientras se define su destino. Este procedimiento cobra relevancia en el contexto presentado, ya que la SAE tiene la responsabilidad de asegurar que estos activos no generen nuevas pérdidas para el Estado, sino que sean gestionados de manera eficiente. Sin embargo, los múltiples hallazgos de la Contraloría demuestran que este objetivo está lejos de cumplirse, planteando cuestionamientos sobre la labor de control y seguimiento en la administración de los bienes incautados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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