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En la mañana del miércoles 17 de diciembre, tomaron lugar las audiencias concentradas contra un alto militar y dos funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes fueron arrestados tras ser señalados de participar en presuntas irregularidades relacionadas con un contrato celebrado con la empresa estadounidense Vertol Systems. Este acuerdo tenía como objetivo el mantenimiento de helicópteros rusos modelo MI-17 utilizados por el Ejército colombiano. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los detenidos enfrentan graves acusaciones que incluyen falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
Los implicados en este caso son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de la misma cartera. Las capturas de estos hombres se produjeron el pasado 16 de diciembre y fueron legalizadas ante la jueza 131 penal de Bogotá, donde la Fiscalía presentó la imputación formal de los delitos mencionados.
Durante la diligencia judicial, el ente investigador señaló que los delitos se cometieron en las etapas previas y durante la celebración del contrato, todos en Bogotá. La Fiscalía recalcó la existencia de un “propósito criminal” compartido por los tres procesados, quienes, mediante una “división de trabajo e interdependencia funcional”, buscaron favorecer la adjudicación del contrato a una sola empresa, realizando actos contrarios a la normativa vigente y simulando legalidad mediante falsedades documentales.
Los tres funcionarios ocuparon roles clave tanto en la elaboración de estudios previos como en la evaluación de los oferentes, y según el ente acusador, su influencia fue decisiva en el avance del proceso contractual pese a serias inobservancias. A lo largo del procedimiento, se identificaron actuaciones para dar apariencia de legalidad a decisiones que realmente buscaban ocultar fallas y beneficiar indebidamente a Vertol Systems.
De forma particular, la Fiscalía atribuyó a Hugo Mora Tamayo el delito de tráfico de influencias. Durante los dos primeros meses de 2025, la empresa contratista incumplió con la entrega de pólizas y empezó a solicitar prórrogas y cambios en las formas de pago. El supervisor del contrato, teniente coronel Oscar Isaac Olarte Ortega, elevó la situación ante el Ministerio de Defensa, recomendando iniciar un proceso sancionatorio e incluso la posible caducidad del contrato. No obstante, en respuesta, Mora Tamayo y Rincón pidieron al supervisor reconsiderar su postura y analizar la viabilidad de atender las solicitudes de la empresa, influyendo en la toma de decisiones y facilitando la extensión de plazos y modificaciones de pago que finalmente perjudicaron el interés público.
El fiscal subrayó que cada decisión irregular facilitada por conceptos jurídicos favorables a Vertol Systems derivó en el desembolso de recursos a la contratista sin que se cumplieran los compromisos establecidos. Además, los conceptos y modificaciones impulsados por los implicados resultaron ser el mecanismo usado para cometer el presunto fraude, induciendo en error al responsable del gasto y permitiendo a la empresa acceder a fondos estatales pese a sus falencias.
Las investigaciones también revelaron que la firma norteamericana ejecutó apenas el 8 % de los trabajos pactados, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares estadounidenses, según informó el Ministerio de Defensa. Por estos incumplimientos, la cartera sancionó a Vertol Systems con una multa superior a 8 millones de dólares, como respuesta a la gravedad de las anomalías detectadas.
Finalmente, ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La situación mantiene bajo escrutinio no sólo la legalidad del contrato suscrito con Vertol Systems, sino también el proceder de altos funcionarios encargados de la supervisión y adjudicación de fondos públicos en el sector defensa.
¿En qué consiste el delito de peculado por apropiación?
El caso expuesto gira en torno a una serie de delitos, entre ellos el peculado por apropiación. Este delito ocurre cuando un servidor público se apropia o permite que otros se apropien de bienes o dineros públicos para beneficio propio o ajeno, faltando a los deberes de su cargo. Se trata de una conducta que socava la confianza en las instituciones estatales, ya que los recursos que deberían destinarse al interés público son desviados ilegalmente.
La importancia de comprender el alcance del peculado por apropiación radica en su relación directa con la corrupción y la afectación a los bienes del Estado. En el contexto de contratos estatales, como el celebrado para el mantenimiento de helicópteros MI-17, el control sobre el uso adecuado de los recursos públicos es esencial para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales, tal como lo investigan actualmente las autoridades a partir de los hechos descritos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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