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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) determinó la compulsa de copias en contra de Claribel Onisa Fernández Castellón, juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, a raíz de su decisión de conceder nuevamente libertad condicional al empresario Emilio Tapia, figura central en sonados casos de corrupción y conocido como el “zar de la contratación”. Según información publicada por El Espectador, la CNDJ del Atlántico identificó posibles irregularidades en el actuar de la funcionaria al otorgar el beneficio a Tapia, quien ha sido condenado tanto por el carrusel de la contratación como por el escándalo vinculado al proyecto Centros Poblados.
El proceso disciplinario emergió luego de que, el 16 de diciembre, la jueza Fernández Castellón concediera libertad condicional a Tapia Aldana bajo un periodo de prueba de 27 meses y 11 días. Cabe resaltar que Tapia había sido recapturado el 31 de octubre, tras ser detectado su presunto involucramiento en el desvío de cerca de 70.000 millones de pesos de un contrato cuyo fin era mejorar la conectividad digital en áreas rurales, según estableció la justicia y lo reportó El Espectador.
Esta no era la primera vez que la jueza le otorgaba dicho beneficio. En abril del mismo año, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla había considerado que la buena conducta de Tapia, sumada a su dedicación a estudios y trabajo para redimir pena, le permitía acceder a la libertad condicional tras haber cumplido las tres quintas partes de la condena. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló esa decisión.
Poco después, el 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata de Tapia, concluyendo que no cumplía los requisitos para permanecer en libertad, pero aun así la jueza Fernández Castellón volvió a concederle el beneficio, según se detalla en los reportes judiciales.
El seguimiento disciplinario a la jueza no es reciente: desde el 22 de abril, la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico había ordenado la apertura de una investigación, la cual fue actualizada formalmente en septiembre al anunciarse nuevos elementos relacionados con la libertad condicional otorgada y una presunta demora en el trámite de la apelación presentada por el Ministerio Público. De hecho, ya se había dispuesto la compulsa de copias desde noviembre por posibles demoras y obstáculos durante la recaptura de Tapia.
Las reiteradas decisiones que favorecieron al empresario han despertado inquietudes sobre el manejo disciplinario y la rigurosidad de los procedimientos judiciales en casos de alto perfil ligados a la corrupción. La CNDJ busca esclarecer si existieron faltas disciplinarias reiteradas que afectaran la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley.
¿Cuáles son las consecuencias si un juez incurre en faltas disciplinarias en Colombia?
Esta pregunta es fundamental en el contexto colombiano donde la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración de justicia son temas centrales. Cuando un juez es investigado por posibles faltas disciplinarias, puede enfrentar sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de los hechos. La investigación busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen conforme a la ley y que sus decisiones no respondan a intereses ajenos a la justicia.
Tales procesos disciplinarios son seguidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que actúa como órgano de control para los jueces en Colombia. Su labor fortalece la confianza en la justicia, abordando tanto las irregularidades administrativas como la salvaguarda de los principios de imparcialidad y legalidad, que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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