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Dieciocho militares de la Brigada 15, pertenecientes al Ejército colombiano, recuperaron su libertad después de haber sido privados de su movilidad durante 36 horas por miembros de la comunidad indígena del resguardo La Puria, del pueblo Embera Katío, en la zona de Río Claro (Chocó). La privación se produjo mientras los soldados ejecutaban operaciones dirigidas contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), según detalló la Séptima División del Ejército a través de su cuenta oficial en la red social X, justo antes de la medianoche del lunes.
El desenlace de este episodio fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria en la que participaron diferentes entidades del departamento del Chocó y del municipio de Carmen de Atrato, así como la Defensoría del Pueblo y representantes de los propios cabildos indígenas. De acuerdo con lo comunicado por el Ejército, el proceso de entrega de los uniformados se logró luego de un extenso diálogo de alrededor de cuatro horas entre las partes involucradas.
Una imagen difundida por la institución mostró a los dieciocho militares, ataviados con su uniforme y equipo reglamentario, en compañía de tres integrantes de la misión humanitaria que participó en las negociaciones. Este contexto ilustra la compleja realidad que enfrentan las fuerzas armadas al operar en áreas donde la población civil, especialmente pueblos indígenas y campesinos, puede verse involucrada de manera directa en las dinámicas del conflicto armado.
Según la información proporcionada, los militares fueron retenidos por habitantes locales que intentaban evitar el avance de las operaciones militares contra la guerrilla del Eln. Este tipo de hechos, donde civiles participan activamente en la retención de militares, se vienen repitiendo con cierta frecuencia en el conflicto colombiano. Las autoridades han señalado que los residentes de zonas apartadas pueden verse presionados o utilizados por grupos armados ilegales, como guerrilleros y narcotraficantes, con el fin de obstaculizar las acciones de la fuerza pública.
Casos recientes refuerzan esta tendencia. En agosto, 34 soldados fueron retenidos por campesinos en el departamento del Guaviare, ubicado en el centro-sur del país, y en septiembre se reportó que otros 45 uniformados padecieron la misma suerte en el departamento del Cauca, al suroccidente. En ambos episodios, la mediación de misiones humanitarias permitió la liberación de todos los retenidos en pocos días.
El reciente secuestro de los militares coincidió con el anuncio del Eln de un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año. Esta declaración resulta especialmente significativa considerando que, en días previos, había incrementado la violencia y las amenazas en varias regiones del país. De acuerdo con la información oficial, el cese el fuego anunciado por el Eln comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y concluirá a la misma hora del 3 de enero de 2026.
¿Qué papel cumplen las comisiones humanitarias en la liberación de militares retenidos?
Ante la reiterada repetición de retenciones similares en distintos puntos del país, la intervención de misiones humanitarias ha sido fundamental para facilitar el regreso seguro de militares. Estas comisiones, conformadas por entidades estatales, representantes de la sociedad civil y, a veces, líderes indígenas, actúan como mediadores imparciales y buscan establecer canales de diálogo que permitan resolver la situación sin que culmine en violencia.
La labor de las comisiones, según lo evidenciado en los recientes casos de Chocó, Guaviare y Cauca, destaca la importancia de la negociación y el respeto a los derechos humanos en medio del conflicto colombiano. Gracias a su trabajo, se han superado situaciones críticas y se ha evitado que la confrontación escale, lo que plantea cuestionamientos sobre el alcance, las limitaciones y la protección de estas misiones en zonas de alta conflictividad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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