El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En el año 2025, la sociedad colombiana fue testigo de un hecho que generó profunda indignación: el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, fue objeto de una sentencia emitida por la Corte Constitucional bajo el fallo T-375 de 2025. Dicha decisión le ordenaba reparar a las víctimas de los llamados falsos positivos, esto tras haber agredido públicamente una manifestación artística denominada “Mujeres con las botas bien puestas”, impulsada por el Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO). La Corte señaló que la intervención artística realizada por MAFAPO constituye una expresión protegida por la Constitución, mientras que las acciones emprendidas por el congresista no estaban amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. A pesar de la sentencia de tutela, hasta la fecha no se ha cumplido y se espera que la Corte aplique las sanciones correspondientes, como informó El Espectador.
Este caso invita a una profunda reflexión sobre la importancia del voto consciente y sobre la responsabilidad de elegir a figuras políticas comprometidas con los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las víctimas. Elegir a representantes que promueven discursos de odio, discriminación y exclusión resulta peligroso para el tejido social. Ante unas elecciones marcadas por la presencia de aspirantes involucrados en escándalos judiciales, disciplinarios o personales, el llamado es a que la ciudadanía examine detenidamente los antecedentes y logros de los candidatos, así como la trayectoria de quienes los respaldan. Abrir espacio a nuevos liderazgos oxigena la política, pero exige claridad y responsabilidad en aquellos que aspiran a cargos públicos.
Al cierre del año, también permanece pendiente la materialización de la sentencia de tutela a favor de MAFAPO, así como la exigencia de 23 organizaciones para que el presidente Petro rubrique el decreto reglamentario de la Ley 2364 de 2024, ley que reconoce y protege los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Según lo estipulado, este decreto es fundamental para que el Estado y las instituciones implementen el Registro Único de Mujeres Buscadoras, dando cumplimiento a la protección constitucional especial que las ampara. Aunque la ley fue adoptada hace un año y medio, su reglamentación sigue esperando acciones concretas.
De cara a las próximas elecciones, es imperativo elegir a quienes demuestren un compromiso sólido en la defensa de los derechos humanos, especialmente a aquellas lideresas y candidatos que respalden acciones afirmativas y muestren solidaridad y logros reales en la atención a las víctimas. En Colombia existen millones de víctimas que requieren ser escuchadas y reparadas, no instrumentalizadas políticamente. Sin embargo, persisten zonas donde votar en libertad resulta imposible debido al control territorial de grupos armados ilegales y a reiteradas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que limita la verdadera democracia en el país.
Las candidaturas alineadas con principios democráticos apuestan por el diálogo para superar conflictos y la violencia, dejando claro que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra deben rendir cuentas ante la justicia, sin alternativas de impunidad, aun durante procesos de negociación. No obstante, los sistemas judiciales a veces no logran dar respuesta suficiente a las demandas de justicia en casos de graves delitos, por lo que la ciudadanía puede aplicar un castigo político a través del voto.
La fortaleza de las mujeres colombianas en la búsqueda de justicia y reconciliación continúa como ejemplo de valentía y perseverancia: madres, hermanas, esposas y lideresas han asumido el desafío de construir paz en medio de la adversidad, reivindicando su papel como defensoras de los derechos humanos y dignidad de las víctimas. Como señala El Espectador, este año quedó claro el valor de su lucha: “las cuchas tienen razón”.
¿Por qué es fundamental reglamentar la Ley 2364 de 2024 para las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada? La relevancia de la reglamentación de esta ley radica en que, aunque fue promulgada hace 18 meses, su decreto reglamentario aún no ha sido expedido. Esto impide a las instituciones estatales cumplir plenamente con la protección integral prometida a las mujeres que lideran la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Ellas representan una voz esencial en la construcción de paz y verdad en Colombia, y la ausencia de este decreto dificulta la implementación efectiva de la ley, entre otras medidas clave, el Registro Único de Mujeres Buscadoras, lo que debilita la respuesta institucional y la materialización de sus derechos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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