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El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, no asistió a la audiencia citada por el Consejo de Estado en su contra. El alto tribunal analiza una posible pérdida de la investidura del congresista uribista por haber solicitado dineros a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Estos últimos estaban citados para hoy ante el alto tribunal, pero tanto ellos como Polo no asistieron. La audiencia fue suspendida debido a que ninguna de las partes presentó una excusa sobre la situación. A la diligencia solo llegó una representante del Ministerio Público y el abogado James Ramos Caravalí en representación del demandante.
Aunque la audiencia estaba programada para las 10:30 de la mañana, y según el abogado Ramos, las partes fueron correctamente notificadas, no llegaron a la citación. Sin embargo, en medio de la diligencia este no fue el único cambio: el abogado Alí Bantú Ashanti, quien presentó la demanda en contra de Polo Polo, había notificado que se representaría a él mismo, pero a último momento debió darle el poder a Ramos, pues no se encontraba “preparado para la audiencia”, según le explicó a la magistrada.
(Vea también: Miguel Polo Polo conserva su curul en Congreso por decisión del Consejo de Estado)
La demanda presentada por Ashanti solicita la perdida de investidura del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien fue elegido por la Circunscripción Especial Afrodescendiente para el periodo 2022-2026. Según el demandante, Polo Polo, quien tuvo pelea con Levy Rincón, le habría exigido o solicitado parte de sus salarios a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para pagar algunos gastos operacionales y labores como congresista.
Según un audio anexado a la demanda, el congresista le habría insistido a dos de sus empleados la suma de cuatro millones y medio y a un tercer miembro de la UTL, medio millón de pesos más, dinero que habría sido entregado inicialmente por transferencia desde varias cuentas bancarias y posteriormente en efectivo. Polo Polo habría expresado que este dinero estaba destinado a cubrir sus gastos en gasolina, pasajes y lavado de los vehículos que usa. Ashanti señala la posición de poder en la que se encontraba el congresista sobre sus empleados para poder exigirles estos aportes que serían ilegales.
Aunque el Consejo de Estado aceptó la demanda, rechazó el audio previamente mencionado, debido a que fue grabado sin consentimiento de las partes. Sin embargo, decretó los testimonio de José Enrique Padilla Enríquez, Dayi Merlen Sedano González, Carlos Reinel Merchán Torres, y Orlando Luis Álvarez Ladeutt, quienes fueron solicitados por ambas partes implicadas en el proceso.
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