El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha emprendido una acción significativa en la búsqueda de una paz duradera al reactivar un mecanismo clave enfocado en resolver los asuntos pendientes con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar desmovilizada oficialmente desde mediados de la década del 2000. De acuerdo con El Espectador, a través de la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, se designaron a 16 antiguos líderes paramilitares como gestores de paz y se creó la Mesa Técnica de Diálogo Social. Este espacio, sin precedentes en la política de Paz Total, no pretende abrir nuevas negociaciones, sino revisar y concluir el proceso de Justicia y Paz sancionado con la Ley 975 de 2005. Su misión es esencialmente evaluar los progresos y retos en materia de verdad, justicia, reparación a víctimas y garantías de no repetición.
La creación de la Mesa Técnica responde a largas deudas históricas recogidas desde el Acuerdo de Ralito en 2003 y la posterior desmovilización de las AUC. Siguen existiendo bienes que no han sido entregados para la reparación de víctimas, crímenes cuyos responsables faltan a la verdad y la proliferación de grupos armados sucesores en diferentes regiones, como ha documentado El Espectador. Todo ello exige examinar a fondo el cumplimiento de los compromisos adquiridos, especialmente en lo relativo a la satisfacción de las víctimas y la institucionalidad de la paz.
El funcionamiento de la Mesa está garantizado por un Comité Técnico encabezado por el Ministerio del Interior, con la participación del Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Comisionado para la Paz. Este órgano contará también con veedurías de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como observadores internacionales, asegurando con ello transparencia y un enfoque plural en su labor, según reporta El Espectador. La pluralidad de actores busca fortalecer los estándares internacionales y ofrecer garantías de imparcialidad en el análisis y las recomendaciones que surjan.
Los gestores de paz, en especial figuras conocidas como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), Diego Fernando Murillo (“Don Berna”) y Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), desempeñan un papel activo pero condicionado. Cada uno debe entregar planes de trabajo concretos, comprometerse con la asistencia a sesiones e instancias judiciales, pero no reciben reducciones de penas ni prebendas legales. Su experiencia posibilita reconstruir la verdad sin que esto implique negociaciones o impunidades, como subraya El Espectador.
Coincidiendo con distintos análisis académicos y políticos, esta iniciativa surge ante la urgencia de cerrar procesos de justicia transicional y evitar la repetición de ciclos de violencia. Investigadores del Instituto Kroc han señalado que la ausencia de verdad y reparación plenas debilita la reconciliación social. La Mesa Técnica se perfila como un modelo diferente para cerrar asuntos complejos con transparencia, aprendizaje y memoria institucional, en línea con las recomendaciones sobre procesos de paz citadas por diversas fuentes académicas.
Adicionalmente, la Mesa Técnica aparece como una pieza esencial dentro de la Política Pública de Paz Total del gobierno Petro, un enfoque que persigue tanto el enfrentamiento a grupos armados actuales como la resolución de legados de violencia. El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia ha emitido alertas reiteradas sobre obstáculos no resueltos para el cierre completo de este capítulo del conflicto, señalando la importancia de cubrir estas deudas para consolidar la paz territorial.
El mandato de la Mesa Técnica será temporal y finalizará el 6 de agosto de 2026. Durante este lapso, los gestores de paz recibirán medidas de seguridad limitadas, evitando así establecer privilegios permanentes incompatibles con la justicia penal. El Comité entregará un informe final con recomendaciones y plazos precisos, buscando promover soluciones institucionales y sociales robustas, de acuerdo con la información proporcionada por El Espectador.
Este renovado ciclo en la agenda de paz colombiana representa un esfuerzo orientado a la justicia integral y la memoria histórica. Implica el riesgo y la oportunidad de saldar cuentas con las víctimas, fortalecer el recuerdo colectivo y evitar la repetición del fenómeno paramilitar, constituyéndose así en un hito relevante en el proceso de posconflicto.
¿Cuál es el papel de la Mesa Técnica de Diálogo Social en el proceso de Justicia y Paz?
El establecimiento de la Mesa Técnica de Diálogo Social reviste importancia para el proceso de Justicia y Paz porque funciona como un espacio de revisión, evaluación y cierre. Su existencia responde a la urgencia de saldar compromisos históricos no resueltos tras la desmovilización de las AUC, como la entrega de bienes para la reparación de víctimas y el esclarecimiento total de la verdad. Además, su Comité Técnico asegura transparencia y pluralidad, factores vitales para reconstruir confianza institucional y ofrecer garantías de no repetición de la violencia.
Esta Mesa no abre la puerta a nuevas negociaciones, sino que busca ponerle punto final al ciclo iniciado con la Ley 975 de 2005. Su trabajo reconoce la importancia de la voz de los exjefes paramilitares, pero restringe su intervención al aporte de información, sin ofrecerles beneficios judiciales. De este modo, el mecanismo establece un equilibrio entre la necesidad de conocimiento directo y el rechazo a la impunidad.
¿Por qué es relevante la participación internacional en la Mesa Técnica?
La inclusión de invitados internacionales dentro de la Mesa Técnica de Diálogo Social se identifica como un factor relevante porque contribuye a que el proceso se ajuste a los estándares internacionales adoptados en procesos de justicia transicional. Esta veeduría fortalece la transparencia y legitimidad del procedimiento, una preocupación recurrente en la historia reciente de Colombia en materia de paz y justicia.
Además, la observación internacional puede aportar metodologías, experiencias comparadas y buenas prácticas, facilitando que los balances y recomendaciones de la Mesa respondan a criterios ampliamente aceptados. La presencia de estos actores incentiva también la rendición de cuentas, alineando el proceso colombiano con expectativas globales y aportando confianza adicional a las víctimas y a la sociedad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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