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El documento argumenta que Petro habría recibido la ciudadanía por derecho de sangre en un contexto de amenazas cuando era líder del M-19, pero que “las circunstancias que rodean esta concesión […] han cambiado drásticamente”.
Palacios sostiene que hoy, como presidente, Petro es “el hombre más protegido del país, con acceso a recursos estatales de seguridad ilimitados”, lo que elimina las razones humanitarias de esa nacionalidad.
Otro de los puntos de la carta se refiere a los hechos ocurridos en Nueva York en septiembre de 2025.
Palacios señala que Petro “participó en actividades y declaraciones que han generado controversia internacional, incluyendo llamados a acciones que han motivado la revocación de su visa estadounidense”. A juicio del exministro, estas conductas se interpretan como contrarias a los valores democráticos que promueve Italia.
Finalmente, el texto señala el “apoyo explícito a regímenes y causas controvertidas”, mencionando el respaldo de Petro a Venezuela bajo Nicolás Maduro y a la causa palestina.
He enviado una carta a la Primera Ministra Italiana, @GiorgiaMeloni, a fin de que pueda revisar el estatus de @petrogustavo, por cuanto han cambiado las bases que le otorgaron su nacionalidad y, además, por su abierto apoyo a grupos narcoterroristas. Juntos protegemos la libertad…
— Daniel Palacios (@DanielPalam) September 29, 2025
Según Palacios, estas posturas podrían entrar en conflicto con los principios de la Unión Europea e Italia en materia de derechos humanos y relaciones internacionales. Por ello, pide iniciar un proceso de revisión oficial que involucre al Ministerio del Interior italiano y otras instancias competentes.
La legislación italiana sobre ciudadanía está contenida en la Ley 91 de 1992. Esta norma contempla casos específicos en los que se puede perder la nacionalidad, como servir en las fuerzas armadas de un país en guerra con Italia, ocupar un cargo público en esas mismas condiciones, renunciar voluntariamente o haber obtenido la ciudadanía de manera fraudulenta.
En el caso de la ciudadanía por descendencia —conocida como ‘jure sanguinis’—, la protección es aún más sólida. Una vez reconocida por las autoridades italianas, solo puede ser anulada si se demuestra fraude en su obtención o si se configura una causal excepcional prevista por la ley.
Desde 2018, la legislación también permite revocar la ciudadanía adquirida a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo. Esta medida fue introducida por el denominado ‘Decreto de Seguridad’, que endureció los requisitos para acceder a la nacionalidad.
Aun así, la Constitución italiana establece que una persona no puede ser privada de la ciudadanía por razones “políticamente motivadas”.
Entonces, el marco jurídico no contempla la revocación de la ciudadanía por razones políticas ni por discrepancias con las posturas públicas de un ciudadano. Es decir, que una solicitud como la de Palacios no es suficiente por sí misma para que se inicie un procedimiento de pérdida de nacionalidad.
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