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La cifra de masacres en Colombia sigue aumentando en medio de las disputas armadas que persisten en varias regiones del país. Una nueva ocurrió en la mañana del miércoles 3 de junio, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde cuatro hombres fueron asesinados en cercanías de la vereda San Isidro, en el corregimiento de Mondomo.
De acuerdo con la información preliminar publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas habrían sido atacadas por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta zona estratégica del norte caucano. Los fallecidos fueron identificados como Anderson Velasco, Kevin Pulgarín Ruíz y Sebastián Rivera. Una cuarta víctima, procedente de Jamundí, Valle del Cauca, aún no ha sido identificada oficialmente.
El crimen se produjo en una región donde desde hace varios años convergen estructuras armadas que se disputan corredores para el control territorial y economías ilícitas. Entre los grupos que tienen influencia en el área se encuentran el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local.
📆 Fecha: 03/06/2026
📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca.
👥 Nº de Víctimas: 04 Personas➡️En cercanías de la vereda San Isidro, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, fueron asesinados cuatro hombres, al parecer por… pic.twitter.com/ml58R1nevz
— INDEPAZ (@Indepaz) June 4, 2026
Según informes del diario El País, las declaraciones preliminares de los habitantes y campesinos de la zona rural reportaron el hallazgo de varios cuerpos sin vida abandonados junto a las vías terciarias que conectan distintos sectores del corregimiento de Mondomo, lo que llevó a las autoridades a verificar la situación en el lugar.
“Primero los compañeros del sector de San Isidro encontraron dos cadáveres, estaban a un costado de la vía de acceso a la zona; después encontraron los otros dos cuerpos en esa misma parte de Mondomo”.
La masacre ocurre en un contexto que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que incluyó a Santander de Quilichao y alertó sobre los riesgos derivados de la imposición de normas y mecanismos de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados, situación que expone permanentemente a la población civil a violaciones de derechos humanos.
A esa advertencia se suma la Alerta Temprana 036 de 2023, que señaló el alto riesgo para los habitantes del municipio por la presencia y confrontación de disidencias de las antiguas Farc, especialmente estructuras asociadas al Frente Dagoberto Ramos, interesadas en mantener el control de rutas estratégicas y actividades ilícitas.
Con este caso, Colombia completa 60 masacres durante el 2026, una cifra que refleja la persistencia de la violencia armada en varias regiones del país, particularmente en departamentos como Cauca, donde las disputas entre organizaciones ilegales continúan impactando a las comunidades rurales.
Las preocupaciones sobre la situación de seguridad en el Cauca también se extienden a otros municipios. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 012 de 2026 para Balboa, al sur del departamento, ante el riesgo de una escalada del conflicto por la presencia del Frente Carlos Patiño y la posible incursión de otras estructuras armadas.
(Vea también: Trágico final para prima de hermanos Mucutuy: fue asesinada en masacre de disidencias)
La Alerta Temprana es preventiva, no predictiva. Su propósito es salvaguardar la vida, la libertad e integridad de las comunidades.
🔎 Hace una semana, emitimos la Alerta Temprana 012 – 2026 para Balboa, Cauca. Este municipio requiere con urgencia respuestas concretas para sus… pic.twitter.com/xQlYuS4tIZ
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 3, 2026
Según la entidad, Balboa se ha consolidado como un corredor estratégico para la movilidad hacia Argelia y zonas del Pacífico, convirtiéndose en un punto clave para el control de rentas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico. La Defensoría advirtió que la ruptura de pactos entre grupos armados y la expansión de confrontaciones en zonas vecinas podrían agravar la situación humanitaria.
Entre los riesgos identificados están los homicidios selectivos contra líderes sociales, la imposición de restricciones a la movilidad de la población, el reclutamiento forzado de menores de edad, la instalación de minas antipersonal y el uso de drones con explosivos en áreas donde transita población civil.
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