A cinco años de la implementación del Certificado de Discapacidad en Colombia, la promesa de garantizar derechos a las personas con discapacidad (PcD) sigue lejos de cumplirse.
Aunque este documento debería facilitar el acceso a beneficios como descuentos en transporte, atención preferencial en salud y planes educativos ajustados, en la práctica se ha convertido en un complejo trámite burocrático que margina en lugar de incluir.
(Vea también: Conductores se salvarán del pico y placa si cumplen este requisito: es gratis y por un año).
Según la Fundación Saldarriaga Concha, solo 447.363 personas están certificadas, una cifra baja frente a los más de 2,6 millones que estima el DANE con algún tipo de discapacidad.
El proceso enfrenta múltiples obstáculos: escasa información entre usuarios y profesionales, falta de formación técnica, rotación constante del personal, demoras en citas, baja conectividad en regiones apartadas y limitada infraestructura en salud.
Además, el conflicto armado y la falta de recursos agravan el panorama, especialmente en territorios como Vaupés, Nariño y Chocó.
A pesar de estos retos, algunas experiencias locales, como en Bogotá, Girón e Icononzo, muestran que con articulación institucional se pueden lograr avances.
El informe concluye que Colombia necesita reformas estructurales, mayor inversión, simplificación de trámites y campañas informativas incluyentes para que el certificado deje de ser una barrera y se convierta en una verdadera herramienta de inclusión social.
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