El Centro Democrático se preguntó, a través de Twitter, por qué hasta ahora salía a la luz el contrato de más de 500 millones que Reyes tuvo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de 2016, cuando Juan Manuel Santos era jefe de Estado.

“¿Era esto una causal de impedimento?”, escribió el partido de Gobierno, que además publicó una imagen en la que se lee: “El magistrado César Reyes, quien solicitó la medida de aseguramiento de Álvaro Uribe, tuvo contrato por más de 500 millones de pesos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Son datos y hay que darlos”.

El contrato, publicado por Semana, tenía como objeto elaborar investigaciones de campo para establecer la situación jurídica y el estado de salud de personas detenidas, que estaban en un listado que el alto comisionado para la paz entregaría. La encomienda estaba relacionada con temas del acuerdo que en ese momento se estaba llevando entre Santos y las Farc, proceso que nunca fue respaldado ni por Uribe ni por sus seguidores.

En ese sentido, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, comparó en Twitter el caso de Reyes con el de la magistrada Cristina Lombana, a la que Daniel Coronell llamó ‘la calladita’ por omitir que había trabajado con un abogado de Uribe, apartada del caso del expresidente por haber sido militar activa en el mandato de Uribe.

“Haber sido parte del Ejército da para que una magistrada se aparte del proceso de Uribe, pero ser contratista del gobierno Santos para los acuerdos de La Habana”, escribió Valencia.

Con eso promovió el ‘hashtag’ #ElCalladito, refiriéndose a Reyes.

“El magistrado ponente [del caso de Uribe] con contratos del acuerdo de La Habana en el gobierno Santos se quedó #ElCalladito“, agregó la senadora uribista, que propuso una reforma a la justicia cuando a su líder le ordenaron la detención domiciliaria. 

Sobre el contrato con el gobierno pasado, Reyes no ha dado ninguna declaración; tampoco lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia que, por la renuncia de Uribe al Senado, pasó el proceso a la Fiscalía.

Mientras tanto, la defensa del exsenador intenta que la medida de aseguramiento del expresidente sea revocada.