La decisión la tomó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, este lunes, lo que significa que la investigación contra el también expresidente Álvaro Uribe Vélez se hará bajo la Ley 906 de 2004, algo que su defensa venía pidiendo desde cuando el político renunció a su curul en el Senado.

El hecho de que la Corte deje esta responsabilidad en otras manos representa una opción para que el exsenador Uribe recupere su libertad, pues será ahora la juez 30 de control de garantías la que defina si lo deja libre o si debe seguir detenido mientras avanza la investigación.

La Corte ratificó la competencia de la juez 30 de garantías para que sea ella la que asuma este caso, ya que los abogados que representan al expresidente argumentan que debe dársele la oportunidad de que el exsenador se defienda en libertad.

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Poco antes de que el Tribunal Supremo hiciera este anuncio se conoció, a través de un informe de Semana, que el magistrado Gerson Chaverra, ponente del texto que discutía la Corte, argumentó que el proceso contra el expresidente Uribe por el caso de falsos testigos debe llevarse bajo la Ley 906, y no en la Ley 600, bajo la cual se le concedió el beneficio de casa por cárcel, el pasado 4 de agosto de 2020.

Fue precisamente el magistrado Chaverra el que consideró que la juez 30 sí es competente “para pronunciarse en relación con la solicitud de libertad“, aunque hace una aclaración que podría dar luces sobre la decisión que tomaría la encargada de este caso.

El magistrado dice, de acuerdo con ese medio, que esta investigación por falsos testigos no debe empezar desde cero, sino que tendría que seguir en el nuevo sistema penal desde el punto en el que lo dejó la Corte Suprema, ya que “todo lo actuado tiene una inobjetable validez jurídica”.

Es por esto, según el ponente, que la medida de aseguramiento contra Uribe tendría que mantenerse tal como está, y eso es lo que debe resolver la juez una vez sea notificada y cite a todas las partes involucradas a una audiencia.

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