Wilton Fauder Orrego León tenía 38 años cuando lo asesinaron a tiros. Fue la noche de 14 de enero en el sector de Perico Aguao, muy cerca del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, del que era guardaparques.
Su homicidio se suma el de al menos otras 21 personas que, según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, han perdido la vida entre noviembre de 2016 (cuando se firmó el Acuerdo de Paz) y el 20 de julio de 2022. ¿La razón? Su defensa del medio ambiente, una víctima silenciosa de la violencia que sigue desatada en el país.
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Así lo demuestra un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desde la firma del pacto hasta el pasado 30 de mayo contabilizó al menos 238 afectaciones graves a la naturaleza (una a la semana, en promedio).
Estos hechos se han registrado en 177 municipios y 21 departamentos de todo el país, siendo Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Santander y Meta las zonas críticas.
Las alarmas están encendidas en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales, donde persiste la presencia y el control de grupos armados al margen de la ley que, además de atentar contra el territorio, han impedido la labor de funcionarios como Urrego, y de líderes y lideresas ambientales.
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Los parques afectados son el Tinigua, Cordillera de Los Picachos, Sierra de La Macarena, Cahuinarí, Serranía del Chiribiquete, Yagoijé Apaporis, La Paya, El Cocuy y el de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En varios de estos lugares hay alerta por la tala masiva e indiscriminada de árboles -una de las cinco afectaciones analizadas en el estudio de la UIA-, que creció en un 900 % en 2021 y sigue disparada en 2022: en lo que va del año van por lo menos 17 hechos graves.
Desde 2017 se han identificado 85 eventos de tala masiva en 18 departamentos y 47 municipios del país, siendo Guaviare el más afectado. Una de las principales preocupaciones son las dificultades para identificar a los responsables, que se desconocen en el 65 % de los casos. Sin embargo, las disidencias de las Farc estarían implicadas en uno de cada cinco eventos (21 %), principalmente en la región de la Amazonia, donde ocurrieron el 72 % de las afectaciones, según el informe de la UIA.
Las consecuencias de la minería ilegal
El 58,8 % de las 239 afectaciones registradas están asociadas con hechos de minería ilegal (140), que se concentran en 17 departamentos y 66 municipios del país. La zona del Bajo Cauca antioqueño es la más afectada por este fenómeno, pues allí se presentaron el 78 % de los 50 eventos ocurridos en ese departamento, el más golpeado.
El 2021 también marcó un año de incremento para la minería ilegal en el país, pues se pasó de 12 hechos identificados en 2020 a 71 en el año siguiente.
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“El principal autor responsable sería el Clan del Golfo, el cual se ha convertido en el actor armado que más ha puesto en riesgo al medio ambiente natural y ha generado graves impactos producto de convertir la minería ilegal en una de las principales fuentes de financiación para su funcionamiento”, se lee en el documento.
Eln y Farc, responsables en temas de coca
De otro lado, el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP contabilizó 14 hechos de actividades asociadas con la producción de pasta de coca que ocasionan afectaciones a las fuentes hídricas o la capa vegetal. Estos ocurrieron en los municipios de Villagarzón (Putumayo), Tumaco (Nariño), Tibú y El Tarra (Norte de Santander) y Argelia (Cauca). El 71 % de estas se registraron solo en Norte de Santander (departamento que concentra más hectáreas de coca), mientras que un 14 % se dieron en Nariño.
Sobre esas actividades, señala el informe, “en mayor medida el responsable es el Eln, con el 57 % de los casos, seguido de las disidencias de las Farc, con 22 %”.
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La otra grave afectación son los 41 atentados a la infraestructura petrolera registrados en el informe. A esto se suman los incendios forestales que, de acuerdo con la UIA, aumentaron tras la salida de las Farc de las zonas protegidas, sobre todo en la Amazonia. Entre los hechos graves está el incendio del 23 de febrero de 2020 en La Macarena (Meta), del que sería responsable el frente 40 de las disidencias; el del 5 de febrero de 2022 en Calamar (Guaviare), que fue calificado como un ecocidio por el Ministerio de Defensa, y otros 11 puntos en Chiribiquete -el área protegida más grande del Sistema de Parques Naturales-, donde se habrían producido quemas para el acaparamiento de tierras y el desarrollo de ganadería extensiva.
La Unidad recoge los avances jurídicos en torno al reconocimiento del territorio como víctima. “La JEP, siguiendo la jurisprudencia nacional, ha proferido cuatro fallos que plantean este reconocimiento: el Cxhab Wala Kiwe, el Katsa Su y el Eperera Euja, que son territorios ancestrales de los pueblos indígenas nasa, awá y sia, así como los consejos comunitarios de Tumaco, donde habitan comunidades afrodescendientes”. Entre las preocupaciones expresadas en el documento se resalta que, por cuenta de estas afectaciones, estos lugares “han sido nuevamente desarmonizados”, lo que estaría vulnerando sus garantías a la no repetición.
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