El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La reciente decisión judicial emitida por la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia en contra de dos suboficiales que formaban parte del esquema de seguridad del expresidente Juan Manuel Santos refleja serias falencias en los mecanismos de disciplina al interior de las fuerzas armadas. De acuerdo con la fuente original, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024 en Bogotá y estuvieron relacionados con la alteración no autorizada de los turnos de servicio, así como la presencia de uno de los implicados bajo los efectos del alcohol durante su turno. Estas conductas comprometen la protección, no solo del exmandatario, sino también la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de resguardar a las figuras públicas y la seguridad nacional.
Este suceso, aunque puntual, pone de manifiesto una problemática estructural que trasciende el contexto colombiano. Según el International Institute for Strategic Studies (IISS), este tipo de conductas irregulares dentro de las fuerzas de seguridad se relacionan frecuentemente con deficiencias en la supervisión y en la capacitación ética y profesional. Así, la confianza en las entidades responsables se debilita a medida que los protocolos de control interno resultan insuficientes, un fenómeno que ha sido identificado en distintos países y que, en el caso colombiano, urge respuestas concretas para evitar su escalada.
Frente a estas faltas, los dos suboficiales recibieron condenas de 12 y 13 meses de reclusión, en el marco de un sistema judicial militar que, en los últimos años, ha asumido una postura más severa respecto a las infracciones disciplinarias. La aceptación de responsabilidad por parte de los implicados, que contribuyó a agilizar los procesos judiciales, no diluye la necesidad de fortalecer la preparación y la vigilancia institucional. Un informe de Dejusticia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, destaca que ampliar y mejorar la formación ética dentro de las fuerzas armadas es esencial para prevenir futuros episodios de este tipo y preservar la integridad institucional.
El mismo artículo revela otro caso, esta vez de deserción, en el que un soldado no regresó tras un permiso autorizado, reflejando un problema adicional en el correcto control de la operatividad militar. Datos del Ministerio de Defensa confirman que entre 2021 y 2024 se evidenció un repunte en los casos de ausentismo sin justificación suficiente, una tendencia que debilita la disciplina y eficiencia de las unidades operativas y llama la atención sobre la gestión interna y el seguimiento a los permisos dentro del Ejército.
Expertos citados, como un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, señalan que es necesaria una modernización profunda de las normativas militares y una mayor integración con organismos civiles para elevar el estándar de transparencia y responsabilidad en la justicia penal militar. La situación evidencia la importancia de establecer controles estrictos, garantías legales robustas y una cultura institucional orientada al respeto irrestricto por las normas y la protección de la ciudadanía.
En suma, estos hechos trascienden la anécdota para convertirse en señales de alarma sobre la urgencia de reformas profundas que afiancen la ética, la responsabilidad y el profesionalismo en las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia, asegurando que incidentes de desobediencia o abandono no atenten contra la seguridad y la credibilidad del Estado.
¿Cuál es la función de la Justicia Penal Militar y Policial en Colombia? La Justicia Penal Militar y Policial, según lo descrito en los procesos recientes, es el sistema encargado de investigar y sancionar los delitos y faltas cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policiales en el ejercicio de sus funciones. Su existencia se justifica por la necesidad de mantener la disciplina interna y la eficiencia de las operaciones militares y policiales. El funcionamiento adecuado de esta jurisdicción es fundamental para conservar la legitimidad institucional y evitar la impunidad ante conductas que pongan en riesgo la seguridad nacional o la integridad del servicio.
No obstante, este sistema ha sido objeto de debates en torno a la transparencia, imparcialidad y necesidad de colaborar con instancias civiles. Múltiples expertos, como se ha señalado, proponen una revisión de sus procedimientos para realizar adaptaciones que fortalezcan los controles legales y mejoren la rendición de cuentas, asegurando así un correcto manejo de la disciplina y la responsabilidad en el seno de las instituciones armadas.
¿Por qué es relevante la formación ética en los cuerpos armados y policiales? La formación ética de los integrantes de las fuerzas militares y policiales es clave, como lo destacó el informe de Dejusticia citado en el texto, porque contribuye a cimentar comportamientos responsables y a reducir las probabilidades de conductas irregulares como desobediencia, corrupción o abandono del puesto. El desarrollo de valores éticos dentro de estas instituciones apoya la construcción de confianza ciudadana y asegura que las acciones de sus miembros respondan a los estándares legales y morales necesarios para proteger a la sociedad.
Si bien los protocolos y reglamentos son indispensables, la interiorización de principios éticos fortalece la autoexigencia y el compromiso con el deber. En esa línea, el fortalecimiento de la capacitación ética no solo previene incidentes críticos, sino que fomenta una cultura organizacional robusta que pueda afrontar los desafíos propios de la seguridad y la disciplina en contextos complejos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
