La demandante, Laura Malagigi Gómez, alegaba supuestos “incumplimientos normativos en temas como protección ambiental, complementariedad en modos de transporte, estudios de estabilidad de suelos, armonización con otras obras, etcétera”, recordó la entidad en un comunicado.
No obstante, el juez 52 administrativo declaró que la accionante no presentó argumentos y pruebas concretas para demostrar tales incumplimientos, así como para sustentar los perjuicios ambientales que, alegaba, eran irremediables.
Tampoco dejó claro cuáles eran las alternativas que, según ella, no tuvo en cuenta el Distrito a la hora considerar este transcendental proyecto de movilidad.
“Este despacho concluye que las circunstancias propias de este caso no satisfacen los presupuestos legales ni jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, razón por la cual la presente acción de cumplimiento deviene improcedente”, explicó el juez en el fallo, que recogió la entidad Distrital.
En otras palabras, ese juzgado consideró que la obra de Transmilenio por la carrera séptima no ha incumplido tales normas.
Pero aunque esta decisión del juez es relevante para el proyecto, de todas formas no es definitiva, ya que según dio a conocer La FM la obra sigue frenada por orden del juzgado 49 de Bogotá. Esto, luego de que la Procuraduría abriera una investigación en contra de la directora del IDU, Yaneth Mantilla, y siete funcionarios más, por “presuntas irregularidades en la licitación por más de 2 billones de pesos” para la construcción de la obra.
Además de eso, el juez 49 advirtió, en mayo de 2019, que en este ambicioso proyecto no se tienen debidos y completos estudios del suelo para la construcción de dos puentes, ratificando así la orden que había dado para suspender la adjudicación de la obra.
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