Los jueces encargados de aplicar el decreto 546 —que autoriza a la casa por cárcel par algunos prisioneros, por la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID-19— se han venido quejando por esta situación, señaló la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, citada por La FM.
Hay cárceles que, según la emisora, envían las peticiones sin los datos de identidad de los presos; otras han enviado solicitudes para presos que no cumplen las condiciones para ser beneficiados con esta medida extraordinaria.
También han tenido problemas con el número del interno y del expediente, señala la frecuencia radial, porque muchas veces no coinciden y han tenido que verificar en el sistema, haciendo más demorado el proceso.
El medio pone en palabras del coordinador del Centro de Servicios Administrativos, Efraín Zuluaga, que la única cárcel que no les ha dado problemas a los jueces con las peticiones es La Modelo, que ya envió 280 solicitudes.
Mientras tanto, los casos de COVID-19 siguen creciendo en la prisión de Villavicencio, donde la situación es crítica.
Por la emergencia del coronavirus, sumado a la crisis carcelaria, el Gobierno ha permitido que presos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con niños menores de 3 años, personas con enfermedades catastróficas, con penas menores a 5 años, delitos culposos y quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la pena que se les impuso, podrán obtener casa por cárcel.
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