Varios colectivos y organizaciones de víctimas no quedaron contentas con la resolución de conclusiones que presentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Norte de Santander. Así lo informaron mediante un comunicado en el que reclaman que los comparecientes no han entregado verdad completa ni se han escuchado todas las versiones sobre estos hechos criminales cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
De acuerdo con las organizaciones, la decisión con las que se concluyó que diez miembros del Ejército y un civil que habían sido señalados como los máximos responsables de falsos positivos en el Catatumbo ya habían reconocido verdad plena, detallada y exhaustiva no encajaba con las pretenciones de las víctimas. La decisión de la JEP postuló a los 10 comparecientes como elegibles a que se imponga una sanción restaurativa con las víctimas sin pagar cárcel.
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“El estándar de verdad alcanzado por la JEP no puede desconocer que la justicia ordinaria, en relación con las ejecuciones perpetradas en Norte de Santander, ya había esclarecido la responsabilidad de la mayoría de los perpetradores seleccionados como máximos responsables”, afirmaron las organizaciones en el comunicado. La víctimas afirmaron que la verdad entregada por los comparecientes no era algo nuevo a lo que se encontraba en la justicia ordinaria.
Además, las víctimas afirmaron que los testimonios de los comparecientes son “antagónicos y contrapuestos entre sí”. De acuerdo con el comunicado, “los militares de bajo rango adjudican a los oficiales superiores haber dado órdenes directas y precisas para perpetrar los crímenes, lo que algunos de estos niegan”. También aseguraron que si hay relatos contrapuestos debe haber por lo menos alguno que sea falso, por lo que no se puede asegurar que hay verdad plena.
Sumado a esto, las víctimas pidieron que se hicieran públicas las ampliaciones de versiones que entregaron varios comparecientes después de la audiencia de reconocimiento de responsabilidad que tuvo lugar en Ocaña (Norte de Santander) en abril de este año. La Sala de Reconocimiento ya accedió a este pedido en la resolución de conclusiones y ordenó que todo este material sea público. Además, las víctimas expresaron su preocupación porque, al parecer, no se tuvo en cuenta un testimonio de un militar que aseguraba tener información sobre los hechos investigados.
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Finalmente, aseguraron que la JEP no tuvo en cuenta los reparos que tenían sobre las medidas de sanción y reparación que sugirió la Sala de Reconocimiento. “Estimamos que no acertó la Sala al afirmar que las iniciativas restaurativas tienen el respaldo de todas las víctimas, ello por cuanto la mayoría de las personas que intervinieron en los talleres en los que la JEP socializó esas iniciativas, presentaron observaciones escritas y orales para complementarlas y/o modificarlas, formularon reparos, se cuestionaron o rechazaron. El grupo de víctimas que participó en esos talleres, aunque representativo, es pequeño en comparación con el universo de víctimas, y la mayoría no avaló esas iniciativas”, aseguraron en el comunicado.
La discusión ya pasa al Tribunal para la Paz, que tendrá que imponer la sentencia respectiva a los diez militares y el civil implicados. Entre los postulados se encuentra el general (r) Paulino Coronado, quien fue el comandante de la Brigada 30 del Ejército entre 2006 y 2008, y quien aceptó su responsabilidad por omisión en la muerte de hasta 55 personas. También están los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, el teniente (r) Álvaro Diego Tamayo y el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, quienes hacían parte de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander.
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