La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP envío el expediente del coronel (r) Herley Guzmán Ramírez a la Unidad de Investigación y Acusación, por lo cual, el antiguo miembro de la fuerza pública deberá defenderse en juicio de una hipótesis atroz: su presunta responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 28 personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en Dabeiba (Antioquia).

El pasado 11 de julio, Guzmán Ramírez fue imputado en la JEP y contaba con un plazo para presentar su respuesta por la teoría del caso, que lo ubica como posible victimario cuando era comandante del Batallón Contraguerrillas N° 79 del Ejército, entre 2004 y 2005. No obstante, su defensa judicial presentó un escrito en el que se declaró inocente y escogió las vías del juicio adversarial.

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Guzmán Ramírez es protagonista de una decisión sin precedentes de la JEP, dado que es el primer expediente que no contaba con investigaciones previas en la justicia ordinaria. Se trata de la vinculación de 10 antiguos militares con la muerte de al menos 49 civiles presentados como criminales, entre 1997 y 2006. Las pistas permanecieron enterradas en el cementerio de Dabeiba, en un municipio conocido como “La Puerta de Urabá”.

De hecho, el expediente contra Guzmán Ramírez está registrado tanto en el macrocaso 03 de la JEP, relacionado con los “falsos positivos”, y el macrocaso 04, sobre la situación territorial de la región de Urabá. Entre las víctimas atribuidas al exmilitar están los jóvenes Diofanor Guisao, Isidro de Jesús Cardona y María Zenaida Areiza, de 17, 21 y 13 años respectivamente.

En 2019, mientras era interrogado por falsos positivos cometidos en otra región del país, un militar testigo le dijo a la JEP que tenía información sobre el cementerio. Los magistrados lo escucharon y sus declaraciones fueron el punto de partida para que la Sala de Reconocimiento estableciera unas señales de interés para intervenir en el camposanto. Estos datos luego fueron ampliados con entrevistas a otros testigos y militares que acudieron a la justicia especial. En diciembre de ese mismo año, la Unidad de Investigación y Acusación realizó las primeras excavaciones.

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La JEP halló 29 fosas comunes a lo largo del cementerio, lo que llevó a que las excavaciones se extendieran durante 2020 y 2021. Sin embargo, con base en las declaraciones de militares, que confesaron cómo cometían sus crímenes, los antropólogos forenses solo exhumaron cuerpos que cumplieran ciertas características. Por ejemplo, que estuvieran dentro de contenedores plásticos, que evidenciaran lesiones causadas con arma de fuego, que tuvieran amarres, mordazas o algún elemento que evidenciara una muerte violenta.

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Lo que encontraron los peritos al excavar el cementerio de Dabeiba comprobó lo que habían dicho los militares. Por ejemplo, el militar testigo aseguró que en los falsos positivos en los que él participó enterraron a sus víctimas en bolsas plásticas que les suministraba el municipio. El documento de imputación dice:

“Este tipo de relatos de los comparecientes coinciden plenamente con los hallazgos técnico-forenses, pues la UIA, al realizar las exhumaciones, presentó hallazgos en bolsas de color negro (también blanco) en el interior de las fosas comunes que fueron intervenidas”. La bolsa blanca hallada, incluso, tenía impreso, y todavía visible, el logo de la Policía.