Sus testimonios relacionados con ese crimen también salpicaron al Batallón General Liborio Mejía y al Batallón de Infantería de Selva N.° 34, lugar desde el cual habrían ejecutado a Ramírez Guiza la noche del 8 de octubre de 2004.
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“Me prometieron que no lo iban a matar, pero a los pocos minutos de separarme del batallón escuché dos disparos. Lo asesinaron. Unos días después, lo reportaron como un subversivo dado de baja en combate en la vía que conecta a Florencia con Macagual (corregimiento), a veinte kilómetros de la ciudad”, agregando que: “Decían que él iba en moto y que comenzó a dispararles a los soldados… pura mentira, lo mataron adentro de la brigada y los de criminalística y el Gaula fueron cómplices de ese reporte maquillado […]”, le dijo Cruz a este diario en noviembre de 2021.
Desde que el exsoldado Cruz acudió a la JEP para hablar sobre este caso y su conocimiento de otros hechos similares más, que hicieron de Caquetá el tercer departamento con mayor cantidad de “falsos positivos” entre 2002 y 2008, dice que su vida está en riesgo.
Testificó contra John Paul Castillo, hoy compareciente ante la JEP, y teniente de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR) N.°12 en 2004; contra Néstor Hernán Urrea, comandante de las AFEUR en Florencia por esos años; y contra otro grupo de militares a quienes incriminó por decenas de ejecuciones extrajudiciales y, posteriormente, por atentar contra su seguridad personal.
“Por contar verdades de falsos positivos me gané amenazas de gente poderosa cercana a ellos y no he podido estar tranquilo desde mediados de 2021. Me ha tocado cambiar de domicilio, de ciudad, de número de celular… y de vida para que no me maten”, narró Cruz.
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Desde que vio que su integridad estaba en riesgo, el exmilitar acudió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y a la Fiscalía General de la Nación para buscar protección. Vivió un vaivén de sucesos en los que le asignaron esquemas de la Unidad Nacional de Protección y luego, por directrices de la JEP, se los removían.
El 5 de agosto de 2021, la UIA determinó en una revaluación de riesgo que su entorno era “socialmente soportable” y que le podían reducir su esquema tipo 1 (con carro blindado, dos escoltas y chaleco antibalas) por uno tipo 2 (carro no blindado, dos escoltas, chaleco y dispositivo de comunicación). El 24 de noviembre, Cruz se dirigía hacia Popayán (Cauca) desde Huila y en el camino fue raptado por dos desconocidos, quienes lo privaron de su libertad durante más de 10 horas, hasta que el exmilitar se logró escapar, según testimonió ante la Fiscalía en una denuncia radicada el 26 de noviembre de 2021, que a las pocas horas llegó al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del municipio de Garzón, entidad que lo remitió a la JEP.
Posteriormente, el 27 de diciembre de ese año, un auto de la JEP resolvió reestablecerle su esquema de seguridad completo, en una decisión que no fue impugnada desde el tribunal ni remitida a la Corte Constitucional, entendiendo que las amenazas en su contra eran reales y comprobables.
Aun así, como señaló este diario el 2 de enero de 2022, su vida siguió corriendo peligro. Cruz siguió insistiendo ante la JEP que en Garzón (Huila), municipio en el que llevaba viviendo varios años, le habían puesto un precio de $ 30 millones de pesos a su cabeza y que no podía seguir viviendo allí en ninguna circunstancia.
A lo largo del año, Cruz se vio envuelto en otros líos con la justicia ordinaria, con quien ya casi pagó toda su pena carcelaria por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial que reconoció. Una fiscal especializada en Neiva (no especificada por las fuentes consultadas por este diario), dudó de sus versiones y le aseguró al soldado que iban a liberar su expediente.
“Le dijeron que no acusara inocentes (los militares a quienes Cruz señaló ante la JEP), que dijera toda la verdad y que no faltara a ninguna audiencia libre (de las cuales Cruz justificó sus ausencias por problemas de desplazamiento con el carro de protección que le habían asignado). José dice que le echaron a todos los fiscales encima y nuevamente nadie lo protege”, dijeron desde la defensa de Cruz.
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Los motivos para huir de Colombia
El pasado 10 de agosto de 2022, la UIA emitió la Resolución 0257, mediante la cual decidió finalizar las medidas de protección al compareciente Cruz, de acuerdo con recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Definición de Medidas de Protección del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes.
Allí se resolvió que la protección por tutela que había ganado Cruz en febrero de 2022, impartida en segunda instancia por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP se debía concluir puesto que “no existe una situación de riesgo contra el protegido directamente relacionada con su participación ante esta Jurisdicción; además se debe tener en cuenta que no existen elementos objetivos que sirvan de material probatorio frente a los hechos en su contra, así como el desinterés del evaluado por contribuir con la Fiscalía General de la Nación […]”, como se lee en el documento.
Además, en referencia al secuestro que vivió Cruz en noviembre de 2021, la JEP manifestó en la misma resolución que “se evidenció que no se encontraron registros de disparos o heridos en el sector donde se presentó el referido secuestro y ninguna evidencia sobre la existencia de los alias aportados por el evaluado como presuntos responsables del secuestro dentro de las bases de datos de la referida entidad (la Fiscalía)”.
Con su situación legal y de seguridad así, Cruz decidió abandonar el país hace un par de semanas. El sábado 3 de septiembre de 2022, el aún compareciente ante la JEP se comunicó con Colombia+20 para comentar que se encontraba en un pueblo al sur de Ecuador, en la provincia de Loja (las llamadas y mensajes fueron enviados desde ese país, con indicativo de número +59), el cual pidió no revelar “por cuidado a la integridad”.
“También la JEP sabe dónde yo estoy. Si es necesario seguiré declarando desde acá, pero necesito garantías para mi vida y eso no lo tenía en Colombia. Estoy solicitando refugio y me siento tranquilo porque mi condena en Colombia ya está cumplida”, comentó José Jairo Cruz.
Lo cierto, y otro problema para el soldado retirado, es que por su calidad de compareciente, la salida del país en el papel no era permitida. De acuerdo con la Resolución 1895 de 2021, un interviniente ante la JEP, luego de sometido, no puede retirarse de la jurisdicción transicional, no salir del territorio hasta que queden cumplidas todas sus diligencias. Este diario conoció que ya se encuentran en marcha procesos de acompañamiento a Cruz para no perderle rastro ni permitir factores que atenten contra su vida.
Por lo pronto, según con documentos que este diario obtuvo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Jairo Cruz solicitó ante ellos el proceso 02TF-0CYL4I, trámite por medio del cual se busca determinación de la condición de refugiado o apátrida.
“Quiero pedir asilo político en Canadá en algún momento y por lo pronto tener el estatus de refugiado acá en Ecuador. Me faltan varias cosas por contar, unir cabos de las partes implicadas, pero por el momento debo cuidar mi vida y la de mi familia que permanece en Colombia”, concluyó el militar vinculado con falsos positivos.
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