Una fotografía que retrató, en el mes de enero de 2004, la llegada del entonces teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez como comandante del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa y la partida de su homólogo Publio Hernán Gutiérrez, marcó un periodo mediante el cual se cimentó una de las investigaciones más profundas por ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cesar.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los altos oficiales desde distintos periodos, pero con un mismo escenario, jugaron un rol determinante en las 127 víctimas registradas en el subcaso 03 Costa Caribe sobre los falsos positivos.
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Publio Hernán Mejía, con 75 crímenes que ocurrieron bajo su mando entre los años 2002–2003, y Juan Carlos Figueroa, con 52 que sucedieron en su comandancia entre el periodo 2004–2005.
“Con la llegada de Mejía Gutiérrez al batallón en 2002, se implementó una nueva estrategia para enfrentar la situación de orden público, mucho más ofensiva y activa en la búsqueda de la amenaza (…) de la mano con una política del Gobierno orientada a incrementar el pie de fuerza. Estos fueron factores determinantes para la transición que inició la unidad en 2002. El incremento de efectivos a lo largo del país fue notable; pasó de tener 313.406 en 2002, a 345.435 en 2003 y llegó a más de 466.000 en 2004, lo cual fue visible en el ‘Bapop’ que incorporó tres baterías [de soldados profesionales], la Albardón, la Bombarda y la Contera, una de soldados campesinos y nuevos soldados regulares”, indicó la JEP en el Auto 128.
No obstante, Mejía Gutiérrez había ingresado con la obligación de fortalecer la capacidad operativa para contrarrestar la oleada de violencia que golpeaba al departamento con secuestros, tomas guerrilleras, incursión a fincas, entre otros.
De hecho, su llegada habría correspondido al secuestro y muerte de la exministra de Cultura Consuelo Araujonoguera ocurrido en el mes de septiembre de 2001 en la Sierra Nevada de Santa Marta, exactamente en un sector conocido como La Nevadita donde habría estado privada de la libertad durante unos cinco días.
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“Recibí el batallón el 9 de enero del 2002, el 10 me mataron un soldado en la base de Alguacil, el 12, tres frentes se tomaron la población de Aguas Blancas, mataron al teniente de la policía, destruyeron 12 casas, hubo 3 civiles muertos. A partir de ahí hasta terminar el año de 2002, diariamente había 1 o 2 enfrentamientos por parte de tropas del batallón, diariamente (sic)”, manifestó Publio Hernán Mejía en una versión voluntaria del 17 de julio de 2019.
Mejía Gutiérrez explicó también que las medidas adoptadas por él intentaron responder a las metas en materia de seguridad y, en ese sentido, a una mayor presencia de la fuerza pública en el territorio para disminuir los ataques y acciones de los grupos armados. Además, destacó que durante su mando los alcaldes volvieron a despachar desde sus municipios, las fincas volvieron a llevar sus ganados y la gente volvió a ir a Santa Marta en carro.
La era Mejía
Sin embargo, la JEP determinó que durante su dirección en el batallón se presentó un primer patrón criminal orientado a presentar como resultados operacionales a personas asesinadas fuera de combate, motivado por señalamientos de las víctimas como pertenecientes a grupos armados ilegales o de delincuencia común.
“Estos señalamientos se dieron en el marco de una alianza entre miembros del Ejército y paramilitares del Bloque Norte de las Auc, antes de su desmovilización. Esta primera manifestación caracterizó, principalmente, a la comandancia del teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez (2002-2003)”, explicó la JEP.
Durante su mando documentaron 86 bajas reportadas, de las cuales 75 fueron ilegítimas, es decir el 87 % de los casos.
Además, las versiones voluntarias recopiladas por la JEP de todos los exmilitares de distintos niveles jerárquicos fueron consistentes en afirmar la existencia de una permanente comunicación entre Mejía Gutiérrez e integrantes de los paramilitares en cabeza de David Hernández, alias ’39’.
“Mejía Gutiérrez, en alianza con paramilitares, se aprovechó de los recursos de la unidad y se valió para su funcionamiento de la estructura y jerarquía formal, los procedimientos institucionales y prácticas organizacionales que permitieron darle apariencia de legalidad. Dicha organización quedó instalada en la unidad y operando con posterioridad a su salida, y con la llegada del señor Figueroa Suárez”, puntualizó la JEP.
Una conclusión a la que también llegó la justicia ordinaria cuando lo juzgó y condenó con base en los testimonios de militares y exparamilitares, entre esos el del excomandante del frente ‘Mártires del Cesar’, Leonardo Sánchez Barbosa, alias el ‘Paisa’, quien aseguró que evidenció las reuniones de Mejía con alias ’39’.
La defensa de Mejía
Varias víctimas presuntamente las entregaron los ‘para’ al Ejército para resultados operativos como es el caso de la muerte de Jesús Emilio Márquez, la primera ejecución extrajudicial entregada por ‘el Paisa’, y la de Saulo Posada Rada en Puente Callao, entre otros, así como también, aparentemente, Mejía coordinó crímenes por fuera de combate como el supuesto operativo que dio muerte a dos señalados de participar en el caso de la exministra de Cultura Consuelo Araujo.
Al respecto de este último, Publio Hernán Mejía aseguró que los mismos altos funcionarios del país señalaron que Uriel Arias era responsable de la muerte de la exministra.
“Cuando yo recibo el mando del Batallón La Popa, en el mismo acto de ceremonia de recepción, el entonces procurador general de la Nación, doctor Edgardo Maya me entregó una foto de alias ‘Tito Arias’ [refiriéndose a Uriel Evangelista Arias] y me dijo ‘este cabecilla de las Farc mató a Consuelo Araujo y el ejército no ha hecho nada’ (sic)”, aseguró Mejía en su versión voluntaria.
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Y agregó que no manejaba las recompensas que incentivaran las ejecuciones extrajudiciales.
“Básicamente, el programa de recompensas por información, y eso, era manejado directamente por el Comando Operativo. Nunca tuve ni acceso ni la oportunidad a un pago de recompensas”, explicó Mejía.
Indicó que siempre dispuso investigación disciplinaria y penal en cada patrulla cuando presentaban bajas y que, además, muchos miembros de la etnia kankuama eran subversivos.
“Esta comunidad (…) tuvo muchos conflictos en la parte de orden público ¿por qué? especialmente porque el 60 % del frente 59 las Farc eran Kankuamos y parte del Bloque Norte de las autodefensas, específicamente el Frente Mártires del Cesar eran Kankuamos (sic)”, dijo Mejía en la versión voluntaria del 16 de enero de 2020.
Según Mejía, las supuestas irregularidades la comenzaron a denunciar una vez salió del Batallón La Popa.
“Cuando se produce en diciembre de 2003 el cambio de los mandos, cambio del comandante de división, cambio del comando Conjunto del Caribe, cambio del comandante del Comando Operativo y cambio del comandante del Batallón La Popa, empezaron las irregularidades en la región. ¿Por qué? Porque todos los mandos le exigían al coronel que recibió sea Figueroa, sea Rodríguez, sea Monsalve, sea Pineda, sea Hernández Martínez, a todos ellos, les decían ‘oiga, pero es que Mejía para esta fecha ya llevaba estos resultados, ¿usted por qué no ha hecho nada?’”, puntualizó Hernán Mejía Gutiérrez.
La era Figueroa
El 7 de enero del año 2004 se dio la transmisión de mando por parte de Mejía al teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, quien en entrevista para la época con El Pilón se definió como un soldado más.
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El bogotano de 38 años de edad en aquella oportunidad mostró su interés de mantener la ofensiva y seguridad en el departamento del Cesar.
Pero, de acuerdo a lo documentado por la JEP, durante su mando reportó 113 bajas de las cuales 52 fueron ilegítimas, es decir el 46 %. Asimismo, aunque en su periodo bajó la alianza entre los ‘para’ y los militares, evidenciaron un segundo patrón criminal que consistió en trasladar al Cesar a ciudadanos de otras regiones mediante engaños para matarlos.
“En un clima de constante presión por resultados, los integrantes de la organización criminal enquistada dentro del Batallón La Popa adoptaron la práctica de asesinar personas que, a pesar de no tener señalamientos en su contra, podían hacerse pasar por integrantes de grupos armados. Además, buscaron en las ciudades víctimas en condiciones de vulnerabilidad, a quienes, mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales engañaban para captarlas y ser asesinadas”, precisó la JEP.
Varios exmilitares en versión voluntaria precisaron que el excoronel fue el que más los presionó porque no dormía, mantenía en la oficina y visitaba a las unidades para recalcar los incentivos por resultados, e inclusive insinuaba dar ‘bajas’ como sea.
“Hacía un seguimiento diario a las tropas y a las operaciones (…) todos los días tomaba contacto con las tropas de dos, tres veces (…) entonces precisamente mediante sus programas radiales, él decía: ‘bueno, hermano, usted aquí…’ o lo llamaba a uno por teléfono ‘(…) Aquí usted tiene para el primer trimestre tres bajas, capturas’ Pero obviamente hacía énfasis en las bajas (…) ‘¿qué va a hacer hermano? ¿qué va a hacer? Necesito que me cumpla el compromiso’ (…) ‘¿qué hubo? muévase (…) sino ¿para qué se comprometió conmigo? o si no ¿para qué me firmó eso? sino ¿para qué colocó resultados?’ o sea (…) era como la presión, ahí venía lo más terrible (sic)”, aseguró el exmilitar Carlos Yobany Medina Bayona, en versión del 28 de enero de 2019.
Sin versión libre
El excoronel Juan Carlos Figueroa no dio versión libre ante la JEP y salió del país.
“Mediante auto (documento) de 26 de septiembre de 2019 se ordenó a la Secretaría Judicial, oficiar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, solicitando la expedición del certificado de movimientos migratorios del compareciente. Dicha entidad, a través de comunicado radicado el 30 de septiembre de 2019, señaló que desde el mes de julio de 2019 Figueroa Suárez había salido del país con destino a París (Francia) sin que se registrara reporte de regreso al país después”, dijo la JEP.
Así las cosas, continuaron el proceso como persona ausente y notificándose cada procedimiento.
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