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La controversia en torno al funcionamiento y presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alcanzó recientemente un nuevo pico, luego de que el senador Enrique Gómez, perteneciente al partido Salvación Nacional, anunciara una serie de propuestas para redirigir los fondos asignados a este tribunal. Gómez, en diálogo con Blu Radio, criticó contundentemente la gestión de la JEP, señalando que se ha convertido en lo que denominó un “fortín burocrático”. Según el congresista, el tribunal cuenta con 1.456 funcionarios de planta, un presupuesto anual de 248.000 millones de pesos, y emplea además 1.218 contratistas por órdenes de prestación de servicios (OPS), lo que representa 62.000 millones de pesos adicionales cada año. Gómez sostuvo que, pese a estos recursos, la JEP ha entregado resultados mínimos: solo cuatro fallos emitidos hasta la fecha y la definición judicial de 46 casos de los 9.700 integrantes de las extintas FARC, lo que equivale a menos del 0,5 %.
En respuesta a esta situación, el senador presentó ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes una propuesta para trasladar 100 mil millones de pesos asignados a la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de la administración de la rama judicial. La iniciativa recibió rápidamente el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, quien, mediante un mensaje en X, apoyó la propuesta de Gómez de redistribuir estos recursos.
Además, Gómez anunció la preparación de un proyecto de acto legislativo que limitaría la prórroga de la JEP a solo cinco años, transfiriendo luego los casos no concluidos a la jurisdicción de Justicia y Paz, instancia creada para procesar crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano. Gómez cuestionó la eficacia del tribunal y advirtió sobre posibles ampliaciones injustificadas de su mandato.
Estas discusiones coinciden con comparecencias actuales ante la JEP de exjefes guerrilleros como Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Sandra Ramírez; Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape, y Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”. Los comparecientes deben responder por presuntos abusos sexuales contra menores reclutados por las FARC entre 1990 y 2015, así como por otros graves delitos, algunos de los cuales ya han sido objeto de decisión judicial, como en el caso de los secuestros por los que exFARC fueron condenados en 2025.
Estas tensiones revelan la persistencia del debate público sobre el alcance, los logros y las limitaciones de la JEP, mientras voces de alto perfil como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez señalan críticas sobre su impacto y funcionamiento.
¿Por qué hay debate sobre el presupuesto de la JEP en Colombia?
El debate surge porque, de acuerdo con declaraciones recogidas por Blu Radio, figuras como el senador Enrique Gómez consideran excesivo el presupuesto de la JEP debido a su baja productividad y a la gran cantidad de funcionarios y contratistas vinculados. Sostienen que, pese a los recursos recibidos, los resultados generados hasta el momento han sido limitados, lo que ha impulsado iniciativas para reducir su financiación y redirigir los fondos a otras entidades judiciales.
¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y qué función cumple?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz con las FARC para investigar, juzgar y sancionar crímenes relacionados con el conflicto armado interno en Colombia. Su propósito es garantizar justicia transicional y contribuir a la reparación de las víctimas, evaluando casos como los abusos sexuales contra menores y secuestros cometidos por exintegrantes de la guerrilla.
*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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