Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Ago 22, 2023 - 11:57 am
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definió que entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre ejecutará las actividades de intervención en el cementerio de Carepa, en el Urabá antioqueño, que fue cobijado con medidas cautelares, en julio pasado, junto al de Mutatá, ubicado en esa misma región.

Esta intervención es una de las acciones que forman parte del caso 04 de la JEP, que investiga la situación de Urabá en lo que tiene que ver con el conflicto armado. La intención de intervenir el cementerio de Carepa es proteger los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada que se presume hay en el lugar.

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Esta primera jornada de intervención en Carepa, indicaron desde la JEP, incluye la recuperación urgente de cuerpos que están en condiciones que ponen en riesgo su posible futura identificación para poder buscar a los familiares y hacer una entrega digna.

Las medidas cautelares fueron ordenadas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en los cementerios municipales de Antioquia, con lo cual se debieron suspender las obras de construcción y remodelación que se pudieran estar adelantando en ambos lugares y que afecten las zonas de interés forense donde reposan restos humanos sin identificar.

Inicialmente, las medidas de protección y conservación tienen un plazo de seis meses prorrogables, de acuerdo con las conclusiones y decisiones que se logren pasado este primer lapso.

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Ahora, la recuperación de los cuerpos en el cementerio de Carepa estará a cargo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en coordinación con la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Carepa y la Gobernación de Antioquia.

“Simultáneamente, se hará la inspección judicial de documentos públicos del hospital y la morgue municipales de Carepa. Se hará una jornada de atención a víctimas y la toma de muestras biológicas de personas cuyos familiares podrían ser víctimas inhumadas en este cementerio”, informaron desde la JEP.

Después de cumplidas estas labores se hará la prospección de los puntos del cementerio que fueron señalados por el compareciente de este caso, en diligencias de la JEP, como lugares donde podrían estar los cuerpos de víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, conocidos como “falsos positivos”.

Además de la información entregada por el compareciente, la JEP también ordenó a su Unidad de Investigación y Acusación que hiciera inspecciones judiciales a los hospitales de ambos municipios, con el fin de buscar los registros de las actas de levantamiento de los cuerpos de víctimas del conflicto, en hechos ocurridos entre 1986 y 2016, que hayan sido reportados como no identificados y que fueron enterrados en los cementerios municipales.

La Personería de cada municipio, por su lado, también debió entregar copias de los registros de reportes de asesinatos y/o muertes en combates, donde se tengan levantamiento de cuerpos no identificados en hechos ocurridos en este mismo periodo.

Con estas diligencias, que se han hecho en otros municipios de Antioquia y otros departamentos del país, se busca proteger los cuerpos de posibles víctimas de hechos ocurridos en el conflicto armado, en especial, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, de modo que puedan hacerse labores de identificación, para entregar los cuerpos a sus familias y que puedan darles una sepultura digna.

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