Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Ago 3, 2023 - 7:12 pm
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“Duré ocho meses buscándolo. Lo encontré en Ocaña (Norte de Santander) y ahorita, otra vez, se me pierde”. Con la desazón de lo que parece ser el inicio de una nueva búsqueda, Gloria Astrid Martínez narra la imagen con la que se encontró el pasado 28 de julio como si fuera una pesadilla. Compró flores y llegó hasta la bóveda del cementerio de Bosa Piamonte en la que estaba el cuerpo de su hijo Daniel Alexánder Martínez, víctima de los falsos positivos, pero la encontró vacía. Lo que siguió fue una serie de respuestas revictimizantes y, posiblemente, la evidencia del incumplimiento de una orden judicial por parte de la Parroquia San Bernardino de Bosa.

La primera vez que el joven desapareció fue el 6 de febrero de 2008, cuando fue llevado desde Soacha (Cundinamarca) con promesas falsas de trabajo hasta el norte del país. Militares lo asesinaron por doctrina clandestina, según contó un sargento implicado, y lo hicieron pasar como guerrillero, como una baja en combate. Ocho meses después, Gloria Martínez pudo velar y enterrar el cuerpo de su hijo, el 4 de octubre de 2008, en el cementerio de Bosa Piamonte en Bogotá.

(Vea también: La millonaria deuda de las madres de falsos positivos de Soacha a los cementerios)

Tal y como lo informó este diario, 14 de las Madres de las Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), organización de la que Gloria Martínez también hace parte, llevan 15 años en mora con los cementerios privados y públicos en los que reposan los cuerpos de sus hijos mientras culminan las investigaciones por estas ejecuciones extrajudiciales. Las respuestas institucionales han sido nulas, ellas no tienen el dinero para pagar y exigen que el mismo Estado que les mató a sus hijos sea el que abone a la deuda con el cementerio.

El día que Gloria Astrid Martínez se acercó al cementerio de Bosa Piamonte en Bogotá y no encontró a su hijo, le avisó a Luz Adriana Perdomo, madre del único hijo que dejó Daniel Alexander Martínez, quien denunció públicamente el hecho a través de la plataforma de derechos humanos, Asociación Minga. A través de un comunicado, la organización afirmó que, al dirigirse a la administración del cementerio para conocer información sobre el paradero de los restos, le negaron decirle a la madre dónde se hallan. Solo manifestaron que dicho procedimiento se realizó ante la acumulación de una deuda superior a los $5 millones.

Gloria Martínez recuerda que, desde ese viernes pasado, siente que volvió a buscar a su hijo. Se pregunta constantemente por qué lo sacaron de su tumba. Teme no encontrarlo y que no le devuelvan los restos de su hijo, que hace parte de cifra de muertos ordenado por el general Montoya. Tras esos hechos, y después de que le dijeron en la administración que la exhumación se debía a la deuda, pudo comunicarse con la Parroquia San Bernardino de Bosa, la cual está a cargo del camposanto. “Me encontré el lunes a las horas de la mañana con el párroco y me dijo que efectivamente sí. Ellos lo habían sacado, pero que él estaba todavía en el cementerio”, cuenta la madre preguntando: “¿Cómo sé yo que usted sí me va a entregar a mi hijo?”.

(Vea también: El viaje de las madres de Soacha al “fin del mundo”)

La Parroquia San Bernardino de Bosa y el cementerio de Bosa Piamonte no solo realizaron la exhumación de Daniel Alexánder Martínez sin avisarle a su madre, sino que la hicieron incumpliendo una orden judicial. Desde 2008, cuando la Fiscalía inició la investigación de la ejecución extrajudicial del joven Martínez, las autoridades judiciales, en repetidas ocasiones, han enviado oficios a los diferentes cementerios donde se encuentran inhumados los cuerpos de las víctimas de falsos positivos de Soacha para evitar que los exhumen o o manipulen sin orden judicial. Lo mismo hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando asumió la competencia de estos casos y reiteró la medida de custodia que, en el caso de Martínez, fue expedida por el ente investigador en 2012.

A la espera de que la Parroquia asuma la responsabilidad, tal y como lo exige la madre, el párroco Jairo Alberto Peñuela Díaz emitió un comunicado el 2 de agosto de 2023. Allí, explicó que el cementerio parroquial realizó el procedimiento en contra de lo establecido legalmente para proteger los cuerpos y las investigaciones relacionadas con falsos positivos. “Somos conscientes de la gravedad de tan lamentable hecho”, escribió. Asimismo, informó que ya estableció contacto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para solicitarle su orientación y acompañamiento para las rutas psicológica y jurídica a las que haya lugar.

“Eso no puede quedar así”, dice Gloria Astrid Martínez al revivir la misma angustia que fue la desaparición de su hijo hace 15 años. Espera, nuevamente, la entrega y el trato digno del cuerpo de su hijo, que haría parte del monumento a falsos positivos que propuso Petro. Además, como víctima, dice que buscará, con la ayuda de la Asociación Minga, representante judicial en el proceso penal de Daniel Alexander y tomar las acciones legales pertinentes ante la irregularidad que cometió el cementerio con la exhumación de su hijo.

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