Esto quiere decir que casi el 25% ocurrió en el departamento. A su vez, el mayor número de casos está en el Oriente, región bajo la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Ejército, una de las unidades incluidas en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga desapariciones forzadas y asesinatos pasados como bajas en combate.
Es tal la incidencia en esa región, que puede sumar más casos que muchos de los departamentos que están entre los 10 más afectados en todo el país. Así lo explica la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien escuchará los relatos de las víctimas, durante la audiencia de observaciones que se realizará en Granada, el municipio del Oriente con más falsos positivos y uno de los más golpeados por el conflicto armado.
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La voz de las víctimas será a su vez una herramienta para contrastar las versiones que han dado el general (r) Mario Montoya y otros 60 exintegrantes de la Cuarta Brigada y comparecientes ante la JEP. Todos están vinculados en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, periodo en que Montoya fue comandante de esa brigada.
El encuentro, además de ser un ejercicio de demandas de verdad y justicia por parte de las víctimas, es uno de los elementos que tiene en cuenta la JEP para determinar si el general (r) es responsable, en alguna forma, del patrón macrocriminal identificado en los falsos positivos, que llevó a que “casi que el único indicador real de éxito de la unidad militar era el cuerpo del supuesto enemigo caído”.
Montoya ha sido mencionado en 24 versiones de comparecientes, ¿en cuántos falsos positivos pudo estar involucrado mientras comandó la Cuarta Brigada?
“Hemos identificado, dentro de la investigación judicial, a partir de versiones voluntarias de los comparecientes, informes que nos han presentado las víctimas, expedientes de la justicia ordinaria y expedientes de la justicia penal militar, más los archivos de unidades militares que hemos podido inspeccionar, por lo menos 160 falsos positivos, entre el 2002 y 2003, solo en el Oriente antioqueño”.
¿En cuántos casos podría estar involucrado en todo Antioquia?
“Hemos establecido judicialmente que por lo menos 462 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el departamento, entre el 2002 y el 2006, periodo durante el cual el general (r) Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante de la Primera División con jurisdicción en Antioquia”.
En general ha rendido versión voluntaria en dos ocasiones, ¿qué ha contado, qué ha aceptado?
“El general ha comparecido en dos ocasiones a la jurisdicción en versión voluntaria. La última vez, el año pasado, hicimos una versión muy exhaustiva, de dos días completos. La hicimos en Medellín, específicamente sobre su comandancia de la Cuarta Brigada y le preguntamos por todos los temas generales, así como por casos específicos que se van a exponer en la audiencia. Cuando ha sido llamado, ha atendido y ha respondido todas las preguntas. No me puedo pronunciar anticipadamente respecto a la valoración de sus contribuciones o no. Estamos justamente en el proceso de contrastación. Nosotros debemos contrastar las versiones que él ha rendido sobre los hechos y sus conductas cuando era comandante de la Cuarta Brigada, con lo que nos han dicho ya los representantes judiciales de las víctimas por escrito”.
Las víctimas han dicho que no creen que Montoya haya hecho aportes a la verdad, ¿cómo las sienten para esta audiencia?
“Hemos recibido ya varios escritos de observaciones a las versiones del general por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que representan judicialmente a las víctimas. Lo que vamos a hacer en Granada es escuchar directamente a las víctimas, de su propia voz, lo que nos quieran contar de los casos y sobre cómo ven las versiones de los comparecientes. Incluso, la gran pregunta es si los comparecientes, entre ellos el general, han contribuido a la verdad o no, para poder nosotros, además, determinar los hechos y las conductas”.
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En la audiencia van a estar 100 víctimas y 15 se van a pronunciar, ¿cuáles casos podrían relatarse?
“Las protagonistas centrales de esta audiencia son las víctimas, en esta audiencia no vamos a escuchar a los comparecientes. Vamos a escuchar qué dicen las víctimas, cuáles son sus demandas, qué están observando en las versiones. Para nosotros es fundamental la voz de las víctimas para contrastar lo que nos han dicho los comparecientes. Por ejemplo, contaremos con la participación de una víctima que está acreditada, cuyas hijas menores de edad fueron muertas por miembros de la Cuarta Brigada, en el Oriente antioqueño, y presentadas como combatientes guerrilleras del nuevo Frente de las Armas, sin serlo. Entre muchos otros casos de los cuales las víctimas nos van a contar directamente”.
Específicamente en Granada, ¿qué han relatado hasta ahora las víctimas sobre esos hechos?
“Hasta donde hemos investigado, hay dos veredas, Santana entre ellas, que supuestamente albergaban campamentos guerrilleros. Y también hemos leído en los informes de las víctimas que en muchos casos se señalaba a la población civil de esas veredas como auxiliadores de los guerrilleros, solo por vivir en esa población. Incluso, algunos comparecientes nos han dicho que ellos suponían que las víctimas que no se habían desplazado, porque de aquí se desplazaron muchísimos campesinos, era porque auxiliaban a la guerrilla. Había una estigmatización de los campesinos en algunas veredas del Oriente antioqueño y del municipio de Granada por haber sido veredas con alta presencia guerrillera”.
Esta es la primera audiencia en la que se escuchará a las víctimas por hechos que vinculan a Montoya entre 2002 y 2003, ¿cuándo sería la segunda?
“Por el volumen de víctimas en Antioquia, hemos decidido hacer dos audiencias para escucharlas. La primera, justamente en Granada, para familiares de las víctimas que fueron asesinadas o desaparecidas en el 2002 y 2003. La JEP ha hecho un esfuerzo, incluso financiero, para garantizar el transporte, los alojamientos cuando es necesario, de más de 100 víctimas del Oriente antioqueño cuyas familiares fueron asesinados en ese periodo. Y haremos una segunda audiencia, esperamos antes de que se termine el año, probablemente en Medellín, para escuchar a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas o desaparecidas durante el 2004, 2005, 2006”.
¿Cuáles son las rutas que tiene, entonces, el general en la JEP?
“Próximamente, determinaremos los hechos y las conductas y definiremos si él es responsable de este patrón macrocriminal en alguna forma o no. Si se llega a determinar que el general, en efecto, es responsable de conductas criminales asociadas al patrón de falsos positivos mientras era comandante de la Cuarta Brigada, pues él tendría dos posibilidades: o reconocer su responsabilidad o defenderse de los cargos que se le formularon. Si él reconoce su responsabilidad, podría ser elegible a una sanción propia, o sea una sanción especial, restaurativa, que no implica cárcel. Si él se defiende de los cargos formulados, esto quiere decir que él ya elegiría la ruta adversarial y, en su caso, tendría que ir a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la que podría formular una acusación frente al Tribunal para la Paz, si determina que hay méritos para acusar”.
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¿Y frente a hechos ocurridos en otras zonas del país?
“Ocurrieron en distintos lugares mientras era comandante de la División, comandante del Comando Conjunto Caribe y comandante del Ejército Nacional. Y eso abarcaría mucho más tiempo. Su primer gran cargo en la estructura militar en Antioquia fue ser comandante de la Cuarta Brigada. Pero después fue comandante de la Primera División en Antioquia, y luego, comandante del Comando del Conjunto Caribe, una estructura militar sumamente importante en el país. Y después fue comandante del Ejército para 2007, año pico de los falsos positivos en todo el país”.
¿Entonces la investigación más avanzada es la de cuando fue comandante de la Cuarta Brigada?
“Sí, vamos a determinar primero su responsabilidad respecto de los hechos ocurridos en la Cuarta Brigada. Vamos a ir paso por paso, para ofrecer una respuesta lo más pronta a las víctimas”.
¿Cuánto se podría demorar?
“Esperamos, antes de mitad de año, poder radicar ante la subsala de la Sala de Reconocimiento un proyecto de decisión judicial donde se determina ya la responsabilidad del señor general Montoya como comandante de la Cuarta Brigada”.
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¿En este periodo hay otros militares sobre los que se vaya a determinar?
“Sí, hemos escuchado también a los coroneles que fueron comandantes del batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes), que fue el presuntamente responsable de la inmensa mayoría de estos hechos durante los años 2002 y 2003. En 2002, el comandante fue Julio Alberto Novoa Ruíz y en 2003, Iván Darío Pineda Recuero”.
¿Todos se han presentado a las versiones?
“Hemos escuchado a todos los mencionados, 61 con el general Montoya. Hay un compareciente es Iván Darío Pineda Recuero, que sabemos por Migración Colombia que salió del país, es importante, es un coronel que hemos tratado de ubicar por todos los medios. No obstante, otros comparecientes lo han mencionado en sus versiones y al respecto las víctimas podrán presentar observaciones”.
¿Qué es el caso 03 de la JEP, el de los falsos positivos?
En el caso 03 la JEP ha determinado hechos y conductas en cuatro territorios: en Norte de Santander; en la jurisdicción del batallón La Popa, en el Cesar; en Casanare; y en el cementerio de Dabeiba, en Antioquia. Los dos primeros tienen resolución de conclusiones, remitidas al Tribunal para la Paz.
“La JEP imputó responsabilidad penal por crímenes internacionales, de lesa humanidad y de guerra a 61 comparecientes, en su inmensa mayoría, antiguos miembros del Ejército, y casi el 90% ha reconocido responsabilidad”, dijo la magistrada.
Por el caso Dabeiba son 10 imputados: tres coroneles, tres sargentos y un soldado profesional. Ocho reconocieron responsabilidad.
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