La medida fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que también le pidió a la Procuraduría (Ministerio Público) investigar la conducta del ministro Ruiz.
La SAR consideró que el jefe de la cartera de Justicia no respondió un cuestionario de 12 preguntas del alto tribunal, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales del grupo de comparecientes obligatorios ante la JEP, miembros de la fuerza pública y de la antigua guerrilla de las Farc.
La información solicitada al Ministerio de Justicia está encaminada a establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que se deben adoptar.
“La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad, como se estableció en el Acuerdo Final de Paz y se desarrolló normativamente, y la verificación de que se han cumplido de manera efectiva”, dijo la JEP en decisión.
Ahora, el ministro Ruiz tiene cinco días para que se pronuncie sobre este desacato.
El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio, aseguró hoy que desde que fue firmado el acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc, han sido asesinados 333 desmovilizados, 27 de ellos este año.
El más reciente asesinado fue Orley Tombe, tiroteado hoy cuando estaba con otras dos personas en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia.
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