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La representante a la Cámara y candidata al Senado, Jennifer Pedraza, emprendió una Acción Popular contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. La demanda sostiene que ambos funcionarios habrían vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, en relación con el nombramiento de Juliana Guerrero Jiménez como delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Según la demanda, este proceso de designación estaría marcado por graves irregularidades administrativas y académicas, lo que motivó la intervención judicial solicitada por la congresista.
El trasfondo de la controversia surgió a mediados de 2025, cuando Guerrero Jiménez, titulada como Contadora Pública por la Fundación de Educación Superior San José, se postuló para el cargo de Viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad. Durante ese proceso, varias veedurías y la propia Pedraza señalaron inconsistencias notorias en la hoja de vida de la funcionaria. En un corto lapso, pasó de no contar con un título universitario conocido a presentar el diploma profesional mencionado, lo que generó sospechas y llevó a una verificación más rigurosa de los datos aportados.
La investigación oficial reveló que Guerrero Jiménez no había cumplido con requisitos legales para su graduación. Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), la funcionaria no presentó las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, evaluaciones obligatorias para egresados de educación superior, sino que apenas se encontraba inscrita para rendirlas en noviembre de 2025, posterior a la fecha de expedición de su diploma.
La gravedad del caso aumentó cuando el secretario General de la Fundación de Educación Superior San José reconoció, mediante diligencia de descargos, haber expedido los títulos profesionales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, aduciendo la necesidad de facilitar la contratación de la estudiante. Ante esta admisión y la ausencia de registros académicos en la institución, el Consejo Directivo de la Fundación decidió anular el título universitario otorgado a Guerrero Jiménez el 7 de noviembre de 2025.
A pesar de la anulación de su título y de la investigación preliminar que el Ministerio de Educación inició contra la Fundación, Guerrero Jiménez continúa ocupando su puesto en el máximo órgano directivo de la UPC. Esto ocurre mientras persisten cuestionamientos serios sobre su idoneidad y el respeto a las normas académicas y administrativas, tal como evidencia la demanda instaurada por Pedraza.
De acuerdo con la demanda, antes de acudir a instancias judiciales, se solicitó directamente al presidente y al ministro la revocación de la designación mediante mecanismos gubernativos. La oficina de la Presidencia rechazó la petición, argumentando que la asignación fue producto de la facultad constitucional y discrecional del Ejecutivo, por lo cual no se haría efectiva la remoción de la funcionaria.
La representante Jennifer Pedraza plantea que esta negativa constituye una omisión que mina gravemente la confianza ciudadana y la ética que debe regir en la gestión pública, especialmente en el ámbito educativo. Por otro lado, el recurso presentado no solo cuestiona las irregularidades académicas, sino que también pone en tela de juicio la relevancia de la participación de Guerrero Jiménez en las sesiones del CSU de la UPC. De acuerdo con las actas oficiales, su intervención ha sido mínima y en ocasiones inexistente, lo que, según la accionante, refuerza la necesidad de una actuación judicial urgente.
Ante este panorama, Pedraza pidió además la suspensión temporal de los efectos del nombramiento, para impedir que Guerrero siga influyendo en las decisiones cruciales de la universidad mientras se resuelve el proceso legal en curso.
¿Qué implicaciones podría tener la continuidad de Guerrero Jiménez como delegada en el Consejo Superior Universitario? La permanencia de una funcionaria cuestionada por la validez de su titulación y desempeño suscita interrogantes sobre la transparencia y ética en el sector público, especialmente en el ámbito educativo. Este caso pone en el centro del debate la importancia del cumplimiento de los requisitos legales y académicos para ejercer cargos de influencia, así como la capacidad de las instituciones para garantizar la integridad en los procesos de nombramiento.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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