Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 31, 2026 - 9:26 pm
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La controversia en torno a la política comercial y fiscal del gobierno colombiano se intensificó tras la filtración de una conversación privada entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes. El intercambio, difundido por Reyes a través de redes sociales, evidencia discrepancias importantes respecto a la aplicación del decreto que limitaba la exportación de carbón colombiano a Israel en el contexto del conflicto en Gaza. Mientras Petro aseguraba inicialmente que la prohibición tenía efectos inmediatos, Reyes sostuvo que el mandatario fue quien decidió que la medida solo aplicaría para contratos firmados después de la expedición del decreto, eximiendo a los ya existentes.

La conversación publicada por Reyes revela cómo el exdirector de la Dian consultó directamente con el jefe de Estado si las restricciones debían regir únicamente para acuerdos posteriores al 30 de abril, fecha de publicación de la norma. Petro, en la respuesta citada por Reyes, habría confirmado que la prohibición debía limitarse para evitar sanciones jurídicas al Estado por afectar contratos preexistentes. Así, la medida no tendría carácter retroactivo, lo que a juicio de sectores críticos desvirtuaría el alcance real del decreto y permitiría la continuidad de las exportaciones de carbón a Israel bajo los contratos vigentes.

El cruce mediático escaló cuando Petro acusó a Reyes de tergiversar la verdad respecto a decisiones tomadas durante su administración, mientras que el exfuncionario le pidió no difundir falsedades y recordó que él solo siguió instrucciones presidenciales. La polémica ocurre poco después de la salida de Reyes de la Dian y en medio de tensiones internas en el equipo económico del gobierno, lo que añade un matiz político a la confrontación pública.

Esta disputa coincidió con la noticia de un nuevo recorte fiscal por $16 billones, sumando un ajuste acumulado de $44 billones en el gasto público durante el mandato de Petro. Según el propio presidente, esos recortes fueron motivados por factores heredados, como subsidios a la gasolina, pagos de deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y fallos judiciales en contra de la reforma tributaria de 2022. Además de Reyes, Petro también responsabilizó al primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a la Corte Constitucional y al Banco de la República por el deterioro fiscal, reafirmando que, en su criterio, el déficit “no debería existir”.

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La coyuntura se agravó cuando la Corte Constitucional suspendió, de manera provisional, el decreto de emergencia económica y los tributos definidos bajo esa figura, dejando en suspenso nuevas fuentes de recaudo. El anuncio del nuevo recorte fue interpretado en este contexto como una consecuencia directa de la imposibilidad de recoger esos recursos de manera extraordinaria. Asimismo, la discusión ha escalado hasta enfrentamientos con exministros de Hacienda, especialmente José Manuel Restrepo, quien criticó el manejo fiscal y destacó que la deuda pública pasó de $800 billones a casi $1.200 billones durante el último periodo analizado.

En este ambiente de pugnas políticas, decisiones controvertidas sobre exportaciones y recortes presupuestarios, la veracidad de la comunicación oficial y la estabilidad fiscal del país han quedado expuestas al escrutinio público y a las tensiones entre altos funcionarios.

¿Qué significa que la Corte Constitucional haya suspendido el decreto de emergencia económica?

La Corte Constitucional es el tribunal encargado de preservar la integridad y supremacía de la Constitución en Colombia. Al suspender de forma provisional el decreto de emergencia económica y los tributos vinculados mediante ese mecanismo, detuvo la aplicación de medidas que el Ejecutivo había autorizado para afrontar una situación fiscal apremiante. Esta decisión implica que las nuevas fuentes de recaudo y los impuestos que fueron decretados bajo la figura de emergencia no pueden ejecutarse ni entrar en vigor mientras el alto tribunal examina su legalidad y conformidad con la Constitución.

Este hecho reviste gran importancia porque deja al gobierno sin herramientas fiscales excepcionales de recaudo en un momento de presión sobre las finanzas públicas. Mientras la Corte decide de fondo, el Ejecutivo está obligado a buscar alternativas dentro del marco legal ordinario para cubrir el déficit fiscal, lo que puede incluir nuevos recortes al gasto o replanteamientos en la forma de gestionar los recursos estatales.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.

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