Pero el presidente Iván Duque decidió objetar parcialmente esta iniciativa conocida como Ley de Depuración Normativa, luego de que según Semana la Corte Suprema de Justicia advirtiera que en caso de sancionar este proyecto se pondrían en riesgo unos 848 procesos activos y más de 81.000 investigaciones.

“De esa manera el presidente Duque busca subsanar el error detectado en el proyecto”, explica ese medio, y detalla que el proyecto para hundir estas 10.667 normar obsoletas “venía cocinándose en el Ministerio de Justicia desde la época de Germán Vargas Lleras”, y que de allí se concretó en el gobierno del expresidente Santos (con el exministro Enrique Gil Botero).

Además, dice, en el gobierno del presidente Duque la norma “contó con la bendición” de la exministra Gloria María Borrero.

Así las cosas, El Espectador dice que la Ley 600 del 2000 está a salvo, ya que de haber sido hundida generaba “serios problemas en las 81.338 investigaciones que lleva la Fiscalía por conductas delictivas cometidas antes del primero de enero de 2005, fecha en que entra en vigor el actual sistema acusatorio, y que no estaban prescritas”.

El periódico dice que el Gobierno argumentó en sus objeciones que al sepultar esta norma se podrían dar miles de “solicitudes de libertad y absoluciones porque no existiría ley procesal aplicable”.

El medio cuenta que desde el Ministerio de Justicia se dijo que fue el Gobierno el que pidió información adicional a la Corte sobre esta ley para decidir las objeciones, versión con la que, advierte, se quiso “disipar las dudas de si el Congreso mismo metió un ‘mico’ en esta iniciativa”.