En primer lugar, Reinaldo Villalba, abogado de Cepeda que ha llevado el caso, informó que no ha sido notificado de la decisión ni de los detalles que establecen el alcance de la misma, pero que gracias a la confirmación del mismo Uribe entregaban esa declaración.
Acto seguido, Cepeda indicó que lo primero que quería destacar era “el valor que le otorgaban a la gran decisión de la Corte Suprema de Justicia porque ayuda a consolidar la democracia en Colombia”, y añadió:
“No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial sin realizar un largo proceso de escucha de testigos, de verificación de toda clase de pruebas. Hay un abundante material probatorio que sustenta esta decisión y nosotros estamos listos a la nueva etapa que se inicia hoy”.
Cepeda también reiteró el llamado a respetar a los magistrados; dijo que acatará sus decisiones y que también apelará si lo cree necesario. Sin embargo, no dejó pasar la victoria que esto representa para su parte en el proceso:
“Expresamos nuestra alegría porque se produzca esta decisión, pero evitar cualquier incitación a que se produzcan conmociones o exacerbación de emociones en la opinión pública y más bien a que como demócratas entendamos que hoy ha cambiado algo en Colombia. La Corte Suprema nos recordó que existe una Constitución, un ordenamiento legal y que los jueces tienen la posibilidad y el deber de existir justicia para bien de los colombianos”.
El senador también expresó una opinión generalizada de muchos sectores sobre que ninguna persona “por más poderosa e influyente que sea” está por encima de la ley y por eso este 4 de agosto se le dicta la medida de aseguramiento domiciliaria al expresidente.
Por eso, dijo, invitó a los ciudadanos a asumir la situación “con total serenidad” porque la decisión del alto tribunal puede ser el comienzo ante un eventual llamado a juicio y por eso Uribe debe tener las herramientas para garantizar sus derechos.
El caso tiene su origen en unas acusaciones de manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda, que terminaron desvirtuándose y se le devolvieron al expresidente con esta investigación, pues aparentemente fue liderada por su abogado Diego Cadena, que ya enfrenta un proceso penal por los mismo hechos.
Cepeda puntualizó que desde que fue señalado falsamente de comprar testigos han transcurrido 8 años. La primera comenzó en 2012 con la denuncia penal de Uribe en su contra que culminó en 2018, y la segunda etapa que comenzó cuando él devolvió la denuncia al obtener información de manipular testimonios para engañar a la justicia.
Además, señaló que desde su parte “no ha salido a buscar testigos para hacer acusaciones” y tampoco han pedido declaraciones de personas “pertenecientes a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema” como sí lo ha hecho la defensa de Uribe con la citación de 22 testigos.
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