Iván Cepeda y Eduardo Montealegre, acreditados como víctimas en el caso de falsos testigos —por el que investigan a Álvaro Uribe—, aseguran en su denuncia, citada por El Espectador, que el fiscal Gabriel Jaimes “desconoció evidencia y distorsionó” supuestas pruebas que demostrarían que el expresidente sí buscó a exparamilitares, a través de terceros, para ofrecerles dinero para que no lo relacionaran con las Autodefensas.

Aseguran que Jaimes, que considera que el expresidente no cometió ningún delito, busca la “impunidad” de Uribe, pese a que ellos creen que hay suficiente evidencia de que él sabía que el abogado Diego Cadena habría ofrecido dinero a exparamilitares, como Carlos Enrique Vélez, para cambiar sus testimonios a favor del excongresista.

Señalan al fiscal del caso de repetir 17 testimonios, que la Corte Suprema de Justicia ya había recogido cuando tenía competencia en el caso de falsos testigos, con “sesgo” para favorecer “intereses” de Uribe.

La denuncia de 92 páginas, radicada antes de que comenzara la audiencia donde la juez 28 de conocimiento de Bogotá escuchará los argumentos de la Fiscalía para solicitar la preclusión del caso, también acusa a Jaimes de querer “desacreditar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia”, que le impuso medida de aseguramiento al líder del Centro Democrático.

“Las posiciones de la Fiscalía General de la Nación, consistentes en arrasar el proceso, desconocer lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y las decisiones vinculantes de los jueces, constituyen una sinfonía de prevaricatos cometidos por el delegado Gabriel Jaimes, que han sido animados por el Fiscal Barbosa y el presidente de la República, Iván Duque, en sus declaraciones públicas y, este último, mediante intromisiones a la rama judicial. Todo para distorsionar el proceso en favor de Álvaro Uribe Vélez”, se lee en el texto radicado por el senador y el exfiscal, de acuerdo con el periódico.

Los denunciantes además alegan que el fiscal incurrió en prevaricato por omisión por no compulsar copias para que se investigara al presidente Duque por “presunta injerencia en el proceso bajo su dirección”.