Jaimes determinó que no existen elementos suficientes para probar que Uribe cometió los delitos de los que fue señalado por los magistrados del alto tribunal. En ese sentido, decidió no acusarlo ni llamarlo a juicio sino pedir que se cierre el caso y dar por terminada la investigación.

Así se dio a conocer en un comunicado de la Fiscalía, en el que se señala que sí considera que hubo delitos en el caso de falsos testigo, pero que no se le pueden atribuir a Álvaro Uribe.

“El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, se lee en el siguiente documento.

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No obstante, las víctimas, entre las que está Iván Cepeda, pueden oponerse y presentar un recurso de apelación. Entre las partes afectadas en el proceso también está el exfiscal Eduardo Montealegre y su entonces vicefiscal Jorge Perdomo.

Anticipándose a esta decisión del ente acusador, el senador había conversado con El País, de España, sobre la argumentación que esperaba del fiscal Jaimes: “Un escrito plagado de afirmaciones grandilocuentes que no tienen ningún sustento probatorio, y que en la práctica son una manera de encubrir el hecho de que él ha desviado la investigación, ha menospreciado y se ha abstraído de lo hecho por la Corte Suprema de Justicia, de las miles de pruebas que hay en el expediente y que fueron claramente sustentadas por la Corte en un escrito de más de 1.500 páginas cuando dio la orden de privar de la libertad a Uribe”.

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Cabe mencionar que la última palabra, sobre el caso de Uribe, la tendrá el juez.

¿Por qué investigaban a Álvaro Uribe?

El caso tiene su origen en unas acusaciones que él mismo hizo contra Iván Cepeda en 2012, pero que terminaron desvirtuándose y se le devolvieron al expresidente con esta investigación.

El senador del Polo Democrático denunció a Uribe porque su círculo cercano de abogados habría visitado a exparamilitares presos para que se retractaran de vincular al exmandatario, y a su hermano Santiago Uribe, con la creación del Bloque Metro de las autodefensas, que operó en el noreste antioqueño a mediados de los años noventa.

Diego Cadena es el abogado que aparentemente lideró la creación de los falsos testigos, y ya enfrenta un proceso penal por los mismos hechos. Entre los testimonios clave que enlodan al jurista y al líder del Centro democrático están los de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la antigua finca de la familia Uribe.

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En principio, la Corte Suprema de Justicia asumió el caso, adelantó una diligencia indagatoria a Uribe, abrió la investigación por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, y ordenó su detención preventiva en su domicilio. Sin embargo, el caso pasó a la justicia ordinaria porque el alto tribunal perdió su competencia para investigar al expresidente cuando él renunció al Senado.

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