Los automotores que iban a parar allí entraban con unos 5 kilómetros recorridos, pero al salir se encontraban con un kilometraje de 60.000 o semidesvalijados, contó a Noticias Uno Javier Álvarez, apoderado de algunas de las víctimas.

Según ese medio, en la trama también participarían jueces que autorizaban la entrega de algunos de los vehículos, que terminaban comercializados a un precio mucho mejor del real, pese a estar en proceso de embargo.

Algunos de estos tenían un valor de unos 60 millones, al ser prácticamente nuevos, pero eran comercializados en 15 a 18 millones, denunció el abogado.

Funcionarias de la dependencia encargada de administrar los recursos de la rama judicial acusaron al jefe de la unidad de asistencia legal, Pedro Julio Gómez, de ordenar “cambiar las resoluciones de la lista de parqueaderos autorizados (…) de manera arbitraria y sin argumentos jurídicos”, indica Noticias Uno.

Ellas aseguran que le advirtieron que los nuevos sitios “no cumplían con los requisitos para ser bodega de vehículos embargados”, por lo que Gómez encargó a su sobrino político, Salomón Motta, la revisión de las designaciones, detalla ese noticiero.

De acuerdo con Álvarez, lo que hacía este último era ratificar la elección de Carlos Másmela, que era el encargado de conformar la lista de parqueaderos irregulares y quien estaría detrás de todo.