El ente de control, que anunció la medida en un comunicado, señala que pedirá informes al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal para conocer qué acciones hicieron, “desde sus competencias”, para “monitorear los factores de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo”.

Asimismo, la Procuraduría le solicitará a la Gobernación de Nariño, a la Alcaldía de Samaniego y a la personería municipal que comuniquen cuál fue su gestión para promover la protección de la población civil.

“Con la apertura de la indagación preliminar, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los presuntos hechos, los implicados y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, o si habría actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, indicó la entidad.

Y es que desde el 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió, según el Ministerio Público, que Samaniego estaba en peligro por la presencia del Eln, que delinquen en ese municipio, riesgo que se “incrementó luego de la pandemia por el COVID-19”, por los posibles “enfrentamientos con los GAI [Grupos Armados Ilegales] por el control territorial del departamento de Nariño“.

En ese sentido, el Ministerio Público buscar saber si el asesinato de 9 jóvenes del municipio se pudo evitar.

Por este caso, las autoridades ya detuvieron a un hombre sospechoso de participar en la masacre; no obstante, los familiares de las víctimas exigieron dar con los responsables.

Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos Ideapaz, 55 masacres se han presentado en Colombia, desde enero de 2020 hasta principios de septiembre.

Nariño, según la organización, fue uno de los territorios más afectados, con 8 masacres.