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El descubrimiento del cuerpo sin vida de Esteban Hernández Rave, un joven de 28 años nacido en Trujillo (Valle del Cauca), ha llamado la atención sobre la inseguridad que aqueja a las zonas rurales en Colombia. El hallazgo ocurrió en la vereda El Diamante, en Risaralda, donde Hernández Rave fue encontrado con cuatro impactos de bala y sin antecedentes judiciales. La situación genera inquietudes en torno a las causas detrás de su asesinato, especialmente porque la víctima no tenía domicilio en la región y los habitantes indicaron no conocerlo.
Este trágico suceso evidencia la persistente problemática de la violencia rural, un tema marcado por profundas raíces sociales, económicas y políticas. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, el municipio donde ocurrió el homicidio ya suma 15 muertes violentas en 2025, la mayoría de ellas hombres jóvenes. A nivel nacional, esta tendencia se repite, impulsada por la presencia de actores armados ilegales y luchas por el control de territorios, particularmente en zonas agrícolas o asociadas a economías informales.
Una investigación reciente del Instituto de Estudios Regionales de Valle del Cauca destaca que regiones como Valle y Risaralda se ven cada vez más afectadas por enfrentamientos vinculados al control de cultivos ilícitos y mercados ilegales. Estas tensiones incrementan la vulnerabilidad de las personas foráneas o migrantes, quienes, como en el caso de Hernández Rave, pueden quedar expuestas a situaciones de riesgo al no contar con redes de apoyo ni integración social en las comunidades que habitan de forma temporal o pasajera.
En el ámbito judicial y policial, la indagación sobre este crimen sigue en curso. Las autoridades han comprobado que la víctima no tenía registros delictivos conocidos, lo cual dificulta identificar sospechosos o móviles inmediatos. Además, la situación refleja la necesidad de análisis más profundos que aborden la estructura de las redes criminales en la región y su posible relación con otros hechos violentos recientes.
El fenómeno que afecta a Risaralda y municipios colindantes constituye una expresión local de la crisis de seguridad rural colombiana. De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio de Seguridad Ciudadana, los homicidios en áreas rurales han aumentado un 12% durante los últimos tres años. Factores como la disputa territorial entre bandas armadas y el débil acceso estatal a estas zonas contribuyen a la persistencia de la violencia y la impunidad.
El caso de Esteban Hernández Rave también resalta el ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades, donde el desconocimiento del occiso y la falta de denuncias son evidencias de una fractura social. Instituciones académicas como la Universidad Nacional de Colombia advierten que la ausencia de integración y la migración interna favorecen la reproducción de ciclos de violencia y pobreza, obstaculizando la consolidación de proyectos de vida dignos para la población rural.
La historia, por tanto, trasciende el hecho puntual del homicidio y subraya la urgencia de respuestas articuladas que contemplen tanto el fortalecimiento de la seguridad como la transformación de las condiciones estructurales que perpetúan la violencia en el campo colombiano, a partir del trabajo coordinado entre Estado, sociedad y comunidad científica.
¿Por qué son más frecuentes los homicidios de hombres jóvenes en zonas rurales?
En el contexto presentado por organismos como el Instituto Nacional de Medicina Legal, se observa que los hombres jóvenes son las principales víctimas de la violencia homicida en áreas rurales. Esta situación puede asociarse a factores estructurales, como la vinculación de los jóvenes a economías ilícitas, la presencia de actores armados ilegales y la precariedad de oportunidades laborales y educativas en estas regiones.
La relevancia de esta pregunta radica en el impacto social que genera la pérdida de vidas jóvenes, que limita las posibilidades de desarrollo de las comunidades y perpetúa los ciclos de pobreza y conflicto. Comprender los factores de riesgo específicos para este grupo es fundamental para diseñar políticas de prevención y atención eficaces en el ámbito rural.
¿Qué significa “economía informal” en el contexto rural colombiano?
La economía informal hace referencia a aquellas actividades económicas que no están reguladas ni supervisadas por el Estado, y que, en muchos casos, pueden incluir desde el trabajo agrícola sin contratos legales hasta la producción y comercialización de cultivos ilícitos.
En las zonas rurales de Colombia, la economía informal adquiere importancia debido a la limitada presencia estatal y las restricciones para el acceso a empleos formales. Esta situación puede incrementar la vulnerabilidad de la población ante dinámicas ilegales, afectando la seguridad general y complicando los procesos de desarrollo social y económico.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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