La preocupación pulula entre los comerciantes de este importante centro de acopio en Ibagué, pues afirman que en los últimos meses ha incrementado la presencia de habitantes de calle, hurtos, consumo de estupefacientes y agresiones. Aunado a ello, el espacio del antiguo CAI está inhabilitado, por lo que no se cuenta con acceso a las cámaras de la zona.
Con profunda preocupación y zozobra, los comerciantes, cuya actividad se sustenta en la plaza de La 21, han percibido lo que consideran como un deterioro en la seguridad en las calles y sectores aledaños a uno de los centros de acopio más importantes de la capital tolimense, toda vez que durante las últimas semanas han conocido acerca de hechos delictivos de alto impacto.
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En ese orden de ideas, la inquietud es mayúscula porque consideran que esto, de alguna forma, puede incidir en la afluencia de ciudadanos y la dinámica económica en los locales de la plaza.
En diálogo con Ermeira Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes Unidos de Ibagué (Ascun), manifestó que esta situación se acentuó desde principio de año, toda vez que en enero supuestamente retiraron a los uniformados que permanecían en la edificación, en la que anteriormente operó el CAI y hoy es un punto de información, en la cual hay un centro de operaciones del sistema de cámaras de la zona que permitía una vigilancia constante.
Aunado a ello, los comerciantes explicaron que desde mediados de marzo fueron retirados los policías que estaban permanentemente en inmediaciones de este punto de atención, aunque no accedían al manejo de las cámaras, por lo que ahora la responsabilidad de custodiar recaería sobre los cuadrantes que eventualmente hacen ronda por este sector.
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“La plaza La 21 no es de un cuadrante, ni operativos, ni CAI móvil, lo que nosotros necesitamos es presencia policial constante. Aquí tenemos cualquier cantidad de problemas en la plaza. Diariamente hay agresiones con armas blancas, atracan, hay expendio de alucinógenos y alta presencia de habitantes de calle”, mencionó Sánchez.
Y complementó: “Estamos a dos cuadras de las instalaciones de la Policía, pero no contamos con su presencia. Nos dicen que tenemos que adaptarnos con los cuadrantes, pero resulta que cuando el cuadrante está en un lado, los delincuentes hacen de las suyas en otro. Por eso es necesaria la presencia permanente”.
Dadas las circunstancias de creciente inseguridad, en concepto del gremio comercial, las diversas asociaciones y afectados han radicado oficios a la Alcaldía de Ibagué, la dirección de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, entre otras entidades, a fin de la configuración de una estrategia para contrarrestar este flagelo.
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“La única respuesta del Ministerio de Defensa es que el documento está en estudio y la secretaría de Gobierno se refirió a una petición de coadyuvar, dicen que están de acuerdo y citan unos artículos, pero no han emitido un oficio al respecto”, expresó la dirigente.
Respuesta de la Administración
El secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, con relación al asunto explicó que, así como la comunidad, “nosotros queremos también que el punto funcione como un CAI, pero esto requiere la autorización de Planeación Nacional de la Policía, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional Jurídica de la Policía, porque el sistema de vigilancia cambió”, acotó Berbeo.
El titular de la cartera de Gobierno manifestó que, para este caso, el CAI necesita mínimo seis uniformados para garantizar su funcionamiento y para aguardar por las solicitudes que lleguen, por lo que, en concepto de Berbeo, es más efectiva una Policía en las calles.
“Es un tema que nos quedó culturalmente y en todos los barrios donde hubo un CAI, la gente quiere que se vuelva a abrir. Pero para poder lograrlo, como queremos nosotros y la comunidad de la 21, se requiere el aval de las direcciones de Planeación y Jurídica de la Policía Nacional”, expresó.
No obstante, con relación a las posibles soluciones que se vislumbran en un mediano plazo, el funcionario dijo que una vez haya buena incorporación de bachilleres, para prestar servicio en la institución, la idea es disponer de un grupo que le pueda realizar seguimiento a las cámaras del sector, tal como ocurría anteriormente, para tranquilidad de los comerciantes y la comunidad cercana.
“La idea desde la secretaría de Gobierno es enviar un personal, ahora que pase la ley de garantías, para que ayude en este proceso. Lo que más quieren los comerciantes es que las cámaras no sean desperdiciadas, ya que las montaron con plata y esfuerzo de ellos, y hasta hace poco se tuvo bachilleres ahí vigilando”, puntualizó.
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