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La Contraloría Municipal de Valledupar, bajo la dirección de Angélica Olarte, ha iniciado una investigación especial ante un prolongado incumplimiento que compromete tanto la gestión pública como el patrimonio de la ciudad: hace más de 25 años, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha hecho entrega al municipio de un área que abarca 58.257 metros cuadrados, espacio que, según la licencia urbanística expedida en abril de 1999 para la ‘Nueva Cárcel de Valledupar’, debía destinarse a zonas verdes, parques y vías locales. Esta cesión es esencial para el desarrollo urbano y el bienestar social, pues su ausencia restringe el acceso de la comunidad a espacios públicos fundamentales.
Inicialmente, la irregularidad fue identificada por el abogado y veedor ciudadano Daniel Daza, quien, al analizar las condiciones de la licencia original, promovió una acción popular en contra del Inpec y la Alcaldía de Valledupar. Su objetivo: que ambos reconozcan y subsanen la omisión, restituyendo el terreno al patrimonio público. Aunque esta acción fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar en marzo de 2025, el progreso ha sido marginal. La falta de avances sustanciales ha motivado la preparación de un acto de inconstitucionalidad para exigir respuestas eficaces (El Pilón).
El impacto de esta situación rebasa lo meramente administrativo: al no cumplir con la entrega del terreno, se propicia el deterioro de la sostenibilidad urbana y ambiental. La Contraloría ha advertido también sobre la carencia de un inventario actualizado de dichas áreas de cesión, circunstancia que facilita su uso indebido y obstaculiza la adecuada planificación territorial. Este escenario evidencia una debilidad notable en la vigilancia estatal, en contravía de los principios que rigen la protección del espacio público como derecho fundamental.
El caso de Valledupar se inserta en una problemática más amplia, frecuente en Colombia y América Latina, donde tanto entidades públicas como privadas eluden obligaciones urbanísticas, privando a las ciudades de servicios, zonas verdes y equipamientos necesarios. Diversos estudios universitarios especializados citados por El Pilón atribuyen esta recurrencia a la insuficiencia de controles administrativos y la corrupción, que deterioran el derecho ciudadano a un entorno digno, y destacan la importancia de organismos independientes y la participación de la comunidad para contrarrestar estos males.
Consecuentemente, el perjuicio no solo afecta al ordenamiento urbanístico: aumenta la vulnerabilidad social, especialmente en sectores que dependen de espacios de esparcimiento, integración social y acceso a ambientes saludables. La Organización Mundial de la Salud resalta que el acceso a áreas verdes urbanas es hoy en día un indicador clave de salud física, mental y calidad ambiental. Por tanto, la recuperación de estas seis hectáreas es crucial para fortalecer las estrategias de bienestar y equidad en Valledupar.
Finalmente, el deber legal y ético de las autoridades involucradas—tanto Inpec como la Alcaldía—es ineludible bajo la Ley 388 de 1997 y la Constitución, que exigen la protección activa del ambiente y el espacio público. La Contraloría insiste en que la prioridad debe centrarse en recuperar y resguardar este patrimonio, estableciendo mecanismos de vigilancia efectiva y promoviendo la participación social que garantice transparencia y justicia espacial.
¿Por qué es tan importante mantener un inventario actualizado de las áreas de cesión urbana?
El inventario de áreas de cesión urbana es esencial porque permite al Estado y a la ciudadanía identificar, proteger y gestionar los espacios que legalmente deben destinarse a uso público, tales como parques, vías y zonas verdes. La ausencia de este inventario favorece su ocupación para fines privados, imposibilitando la adecuada planificación de la ciudad y, en consecuencia, afectando el acceso igualitario de la población a servicios y espacios de calidad.
Además, contar con información precisa y actualizada sobre estas áreas facilita la rendición de cuentas por parte de las autoridades e incrementa la eficacia de los mecanismos de control fiscal, como lo ha señalado la Contraloría de Valledupar. Esto es clave en contextos donde históricamente han prevalecido la informalidad y la falta de transparencia, elementos que obstaculizan una gestión pública eficiente y equitativa.
¿Qué es una acción popular y para qué se utiliza en casos como el de Valledupar?
La acción popular es una herramienta legal contemplada en Colombia que permite a cualquier ciudadano o grupo colectivo demandar la protección de derechos e intereses colectivos que resulten amenazados por la omisión o acción de autoridades o particulares. El abogado Daniel Daza empleó esta figura para exigir el cumplimiento de la entrega del área pública comprometida por Inpec y la Alcaldía.
En situaciones como la de Valledupar, la acción popular busca restituir el patrimonio colectivo y garantizar la protección del espacio público. Su presentación ante tribunales administrativos otorga a la sociedad mecanismos formales de exigibilidad, especialmente relevantes cuando otras vías administrativas han demostrado insuficiencia o lentitud.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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