El expresidente Álvaro Uribe Vélez no solo fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, sino que también quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante un periodo de 100 meses y 20 días.
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Así lo determinó la jueza Sandra Heredia este primero de agosto, al hacer oficial la sentencia que lo responsabiliza por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La sanción política impuesta es una consecuencia directa de la condena penal. En Colombia, cuando un servidor público es condenado, suele activarse automáticamente una inhabilidad para ocupar cargos en el Estado. En este caso, la medida cobija cualquier tipo de función pública, incluyendo la posibilidad de ser elegido por voto popular, asumir cargos de representación o ser nombrado en instancias administrativas.
Aunque la inhabilidad es inferior al tiempo de condena, sus efectos son inmediatos: Uribe no podrá postularse a las elecciones de 2026 ni participar activamente en cargos de dirección pública durante más de ocho años. Se trata de un golpe jurídico y político para el exmandatario, quien había dejado abierta la puerta a una posible aspiración electoral, pues muchos lo veían como vicepresidente.
Cuál es la multa que tendrá que pagar Uribe
La jueza también impuso una multa económica equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a más de 3.000 millones de pesos.
Mientras la defensa del expresidente ya prepara recursos judiciales para intentar revertir la decisión, el fallo marca un precedente en la historia política y judicial del país, al ser la primera condena de esta magnitud contra un expresidente colombiano.
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