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El partido Oxígeno Verde denunció que la excandidata presidencial Íngrid Betancourt no ha podido regresar a Colombia, ante la “falta de un esquema de seguridad acorde a su nivel de riesgo”. El pronunciamiento de la colectividad se conoció después de que se sumara a la solicitud que otras personalidades y organizaciones presentaron recientemente al Gobierno, con el propósito de que revise su decisión de quitarle el sistema de protección a quienes han demostrado que lo necesitan.
El partido también destacó en su pronunciamiento “las pocas garantías otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno de Petro a Betancourt, además de ser las medidas de seguridad más bajas de los últimos años, contrastan con el incremento de la violencia política en Colombia y el aumento en los mensajes de odio e intimidaciones”, sentenció Oxígeno Verde.
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Por lo cual, pide al gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo incrementar las medidas de seguridad para la directora de su partido, quien permaneció durante más de seis años secuestrada por las Farc, solicita que estas garantías le sean devueltas a “todos los voceros de la oposición política”, quienes a su parecer, argumenta la organización política, deben de tener “garantías reales y efectivas para participar en el ejercicio democrático en Colombia”.
La petición de que le regresaran el esquema de seguridad a Íngrid Betancourt, quien se metió en pelea entre Petro y Duque, según explica la petición que entregó el partido de la excandidata presidencial a la UNP, fue presentada en agosto del presente año, pero a la fecha, la entidad no ha emitido una respuesta clara frente al caso.
Situación por la cual, la Defensoría del Pueblo (que lanzó aplicación para denunciar violencia contra mujeres) solicitó el pasado viernes 17 de noviembre al Gobierno Nacional, revisar con detenimiento el retiro general de esquemas de seguridad, ya que tras la decisión y medida, para evitar que personas inescrupulosas accedieran a este beneficio, estaría afectando a quienes en verdad si lo requieren y lo han demostrado.
“Hemos recibido quejas, muchas de ellas han sido corroboradas en el monitoreo y advertencias de nuestro Sistema de Alertas Tempranas, así como por los comités de protección en los que participamos como miembros permanentes. En las quejas nos han señalado que el riesgo persiste”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
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La Defensoría comprobó que a la fecha, la UNP le ha retirado el esquema de protección a servidores o exservidores públicos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de grupos políticos y de oposición, sindicalistas, periodistas y personas que necesitan especial protección del Estado.
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