El delegado chileno de la organización dio algunos datos alarmantes sobre lo que será el informe que presentará este jueves al presidente Iván Duque. En diálogo con Caracol Radio, Vivanco lamentó lo que llamó “falencias palpables en justicia” en una región que presenta una cantidad de “tres veces el promedio anual de Colombia en homicidios”.

Además de la muy limitada presencia del Estado (de prácticamente un policía para cada 375 habitantes), Vivanco aseguró que los uniformados “no salen de sus trincheras por seguridad”. Así mismo sucede con miembros del CTI que, por ejemplo, “no pueden salir de Ocaña por razones de seguridad”.

La justicia no es muy diferente. HRW estableció que hay unas 2.400 causas por cada fiscal, lo que hace excesivamente difícil que los procesos avancen. Eso por no mencionar que los levantamientos de cadáveres lo hace el personal de las funerarias, sin practicar pruebas ni el debido proceso.

Una versión preeliminar del informe agrega que “en abril de 2019, había más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017”, pero que “solo se habían dictado condenas en 61 casos”. Asimismo, agrega que “apenas dos miembros de grupos armados habían sido condenados por homicidio”.

Como si esto no fuera suficientemente grave, HRW añade que en abril “la fiscalía no había imputado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por amenazas, reclutamiento infantil ni ‘desapariciones forzadas'”.

“La Fiscalía General de la Nación, en general, no ha conseguido que se haga justicia”, amonesta la oenegé, asegurando que es “escaso” el “número de funcionarios en el Catatumbo encargados de investigar y procesar delitos”, y que “las autoridades nacionales, departamentales y municipales no han respondido adecuadamente” a las alertas tempranas.

El informe también subraya que hay sectores de la población más vulnerables que otros, como las mujeres y los niños. 40.000 desplazados, violaciones sexuales, secuestros, asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado de menores desde 12 años y campos minados son algunos de los flagelos que, advierte, el Estado parece haber soslayado.

Sin embargo, también indica que la situación golpea especialmente a los 25.000 venezolanos que, asegura, viven en el Catatumbo desplazados de su país y que han llegado allí para buscar trabajo lícito o ilícito.

Asimismo, resalta que “la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las Farc ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles”. En ese sentido, apunta que “la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos”.

En conclusión, la situación que describe Vivanco y la organización internacional es de “conflicto armado abierto en el Catatumbo”, en donde grupos ilegales como las disidencias de las Farc, el Epl y el Eln se disputan una región sin ley.

Y eso que esto es solo una parte del gran panorama que le presentará la organización al presidente Duque este jueves.