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Una grave situación está alertando la Procuraduría General de la Nación sobre las falencias en el sistema de vigilancia electrónica para privados de la libertad, conocidos como brazaletes electrónicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el tema es tan crítico que “se ha convertido en un dolor de cabeza, situación que afecta la efectividad del control y la seguridad ciudadana”.
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Por eso, el organismo de control jaló las orejas Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al considerar que no han sido suficientes y tampoco efectivas las acciones para la implementación, seguimiento y atención del Servicio de Vigilancia Electrónica – SVE, específicamente en relación con las contingencias y situaciones críticas reportadas sobre los dispositivos apagado.
Lo anterior toda vez que, tras las debidas acciones de verificación preventiva, se evidenció que no se ha definido el procedimiento o protocolo para la atención de las novedades relacionadas con los dispositivos apagados o no monitoreados de personas privadas de la libertad.
Más grave aún es que, en sus seguimientos, el órgano disciplinario encontró que solo en julio había 292 dispositivos intermitentes y otros 90 totalmente apagados “desconociéndose las acciones tomadas por el competente para solucionar esta situación, ni el trámite surtido ante las autoridades judiciales para que estas adopten las decisiones correspondientes”.
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Cuestiona la Procuraduría que a pesar de los diversos requerimientos, las autoridades responsables del monitoreo y control no cuentan con un documento que determine con certeza las actividades, acciones, responsables y tiempos de respuesta, entre otros, que deben adelantar en los casos en que se tenga información a través de la plataforma tecnológica correspondiente que los dispositivos se encuentren en las situaciones señaladas.
Añade la entidad que también le preocupa la falta de planeación presupuestal por parte de la USPEC. Lo cual, ha impedido que se pueda culminar exitosamente el proceso de selección para contratar la interventora integral, dificultándose el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, encargado de la prestación del servicio de vigilancia electrónica.
“La falta de protocolo para atender las contingencias al evidenciarse la existencia de dispositivos apagados y de una interventoría al contrato de prestación del servicio, incrementa la posibilidad de materialización de riesgos que pueden afectar la seguridad ciudadana y la administración de justicia”, apuntó el organismo.
Por todo lo anterior, una vez la Procuraduría requirió al USPEC e INPEC acciones prontas y efectivas que permitan garantizar el uso de los dispositivos sin afectar a la ciudadanía, donde prime el cumplimiento de la norma.
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