En las últimas horas habían trascendido versiones de la Fiscalía General de la Nación que señalaban al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los jefes del Primer Cartel Uruguayo (PCU) de ser el autor intelectual del crimen de Marcelo Pecci en una isla de Barú, Cartagena.

Sin embargo, en la mañana de este viernes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro lo confirmó, citando un artículo del portal Rebelion.org. En este medio aseguraron que el narco uruguayo fue “quien ordenó la muerte” del alto funcionario paraguayo en mayo pasado.

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El jefe de Estado, en el trino publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que el homicidio de Pecci dejó en evidencia que “el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.

Crimen de Marcelo Pecci: ¿Quién es el autor intelectual del asesinato?

Según estableció Rebelion.org., Sebastián Marset encabeza una peligrosa organización criminal en Paraguay, la cual se dedica al narcotráfico y el lavado de activos. Actualmente, el narco “se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya y paraguaya” luego de abandonar Dubái (Emiratos Árabes Unidos), según confirmó la Interpol, en información recogida por el diario paraguayo Última Hora.

Marset fue detenido en el 2013 por enviar un cargamento de marihuana que era transportado en una avioneta por un familiar del expresidente paraguayo Horacio Cartés. Luego de quedar en libertad, Marset jugó como profesional en el club de fútbol Deportivo Capiatá, en Paraguay.

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Adicionalmente, el narcotraficante uruguayo está incluido en la lista roja de la Interpol por transportar al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, mediante la hidrovía Paraná-Paraguay. Las autoridades internacionales creen que Marset podría estar en África con su familia. 

Mientras las autoridades están tras la pista de Marset, el pasado 17 de junio, en Colombia, un juez confirmó que cuatro de los cinco capturados por el crimen de Marcelo Pecci debían cumplir una sentencia de 47 años de prisión. Sin embargo, gracias a que estos reconocieron el delito, la pena fue rebajada a 23 años y seis meses.

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