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Por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las amenazas de José Manuel Vera, conocido como “Satanás”, líder de una banda multicrimen que tiene azotados a los comerciantes en Bogotá.
En un mensaje contundente, el mandatario le solicitó al Inpec trasladar a los presos que practican el delito de extorsión a las cárceles de máxima seguridad en el país, como fue el caso de alias Satanás, enviado a La Tramacúa en Valledupar.
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“Todos los detenidos que ejerzan extorsiones sobre la ciudadanía deben ser enviados a cárceles de alta seguridad”, escribió Petro en su cuenta de X.
Todos los detenidos que ejerzan extorsiones sobre la ciudadanía deben ser enviados a cárceles de alta seguridad. https://t.co/Ofj0yq1CH4
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 15, 2024
El traslado de alias Satanás fue la respuesta a la amenaza que lanzó hace unos días en la que advertía que iba a haber un “derramamiento de sangre”. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que además de una máxima seguridad, “Satanás” será vigilado las 24 horas del día y estará totalmente aislado del resto de internos en esa prisión.
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De acuerdo con informes preliminares, el hombre habría grabado el audio el pasado 9 de enero y con el apoyo de algunos internos, logró difundirlo de forma masiva. “Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer”, dice alias Satanás en el audio.
Hasta el momento se sabe que en esa misma cárcel está alias Negro Ober y como él, “Satanás” será movido de manera frecuente y periódica entre las distintas cárceles del país, por ser un delincuente con capacidad de influenciar desde prisión.
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Y a eso responde el llamado del presidente Petro, que los criminales considerados peligrosos y con alta capacidad de delinquir sean recluidos en una cárcel con máxima vigilancia.
Para ello también se anunciaron unas nuevas estrategias relacionadas con la restricción de llamadas desde las cárceles para evitar que sigan delinquiendo.
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Lo cierto es que en un reciente informe, la Procuraduría expuso el grave panorama del delito de extorsión en las cárceles, que ya representa el 41%.
Por ese motivo, el Ministerio Público hizo un llamado de atención al Gobierno para que ponga freno y también propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.
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“Es inadmisible que estas bandas delincan al interior de las cárceles colombianas. Por eso, hemos hecho un llamado a trabajar conjuntamente para encontrar soluciones rápidas y efectivas que permitan la reducción de este accionar criminal”, dijo el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Para la Procuraduría, la falta de operatividad del Gobierno y del Inpec se evidencia hasta en el mal funcionamiento de los equipos bloqueadores de señal, ya que de 22 instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos.
Pulzo complementa
La extorsión en cárceles de Colombia es una problemática persistente que afecta tanto a internos como a sus familias. Según informes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se ha identificado que grupos criminales operan desde el interior de las prisiones, realizando extorsiones a otros reclusos y, en algunos casos, incluso a funcionarios penitenciarios.
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Estas extorsiones pueden manifestarse de diversas maneras, desde amenazas verbales hasta exigencias económicas con el objetivo de garantizar la seguridad o privilegios dentro del sistema carcelario. La presencia de estas prácticas ilícitas representa un desafío para la administración penitenciaria en su esfuerzo por mantener el orden y la seguridad.
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