“Con el fin de hacer cumplir sus reglas, los grupos armados han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”, denunció la organización en un informe que alude al Eln, a las disidencias de las Farc y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que “este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país”.
“La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido tanto de Fiscalía, de Policía, de líderes sociales como de funcionarios de organizaciones humanitarias y testimonios directos de familiares de las víctimas y testigos, están viviendo una situación de terror”, detalló.
“Los grupos armados han impuesto brutales ‘castigos’ a quienes supuestamente incumplen sus normas”, denunció HRW, señalando que estas acciones se desarrollan principalmente en “al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”.
“Están imponiendo reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil con medidas que incluyen amenazas y ataques con armas de fuego. Asaltan a las comunidades y ejecutan a sangre fía a aquellas personas que no cumplen con las normas que ellos imponen”, añadió el director de la oenegé.
Según HRW, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de la COVID-19 y en al menos cinco de esas regiones utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas. “Si hay una familia que necesita por cuestiones de emergencia ir a una clínica o asistir a algún familiar y (alguien) es sorprendido en violación del toque de queda impuesto por estos grupos las reglas de juego son que esa persona puede ser asesinada”, aseguró el delegado.
Según el informe, estos grupos operan “en impunidad total” y aprovechan el pánico y las condiciones propias de la pandemia para aumentar su control, aterrorizando incluso a autoridades locales. “La situación que vemos es sumamente delicada. Sabemos que en Colombia la ausencia y la falta del Estado en tantas regiones del país permite el movimiento, la presencia y el actuar de estos grupos irregulares, pero nunca antes habíamos podido registrar un actuar tan abierto y evidente”, sostuvo Vivanco.
“Los grupos actúan con un total desenfado, prácticamente en términos abiertos y descarados. (…) Aquí lo que hace falta es una política integral por parte del Estado colombiano para atender eficazmente las necesidades de la población”, concluyó.
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