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Colombia inicia el presente año electoral con un panorama de seguridad inusualmente delicado. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la situación en cuanto a la presencia y el poder de los grupos armados ilegales evidencia un significativo deterioro, pues lejos de disminuir, el conflicto armado se ha intensificado. La expansión de estos grupos, según el estudio, ha sobrepasado los niveles de años anteriores y el Estado colombiano mantiene serias dificultades para recuperar el control efectivo en extensas áreas del país.
La FIP subraya que uno de los signos más alarmantes de esta crisis es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados ilegales, los cuales, hacia finales de 2025, sumaban más de 27.000 integrantes entre combatientes activos y redes de apoyo. Este número, descrito como récord por la fuente, implica un incremento de aproximadamente 5.000 personas respecto a 2024. Estos datos, respaldados por la FIP y recogidos en medios como Crónica del Quindío, reflejan cómo la presencia y el poderío de los grupos ilegales no encuentran contención a pesar de los esfuerzos estatales.
Entre los grupos con mayor número de miembros destaca el Clan del Golfo, reconocido como la banda criminal más poderosa de Colombia, que posee 9.840 integrantes, un crecimiento del 30 % en comparación con el año anterior. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), principal grupo guerrillero activo, cuenta actualmente con 6.810 miembros, lo cual representa un incremento interanual del 9 %. Dentro del espectro de disidencias surgidas tras la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado Mayor Central (EMC), dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, suma 4.019 personas, superando en número a su rival, el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), que registra 2.958 integrantes.
Otro foco de interés es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), surgida de una escisión interna de la Segunda Marquetalia –también disidencia de las FARC–, la cual ya contabiliza 2.089 integrantes y supera en tamaño a la organización madre, que tiene 534 miembros. El informe también destaca a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que suman 620 personas, y a los Comuneros del Sur, grupo aparte del ELN y el de mayores avances en negociaciones de paz, con 251 miembros concentrados principalmente en Nariño, zona fronteriza con Ecuador.
Según la investigación de la FIP, existen tres causas fundamentales para este fenómeno de expansión: campañas de ampliación territorial y consolidación de control local, el surgimiento de nuevas disputas entre los grupos –propiciadas por fracturas internas y ofensivas de la fuerza pública–, así como la implementación de novedosos métodos de reclutamiento mediante la oferta de incentivos salariales, bonos y vacaciones. El estudio enfatiza además que ni las operaciones militares, ni los diálogos ni las iniciativas individuales de sometimiento han logrado limitar el capacidad de los grupos para reclutar nuevos miembros o recomponerse tras pérdidas.
Durante 2025, las confrontaciones armadas alcanzaron su pico más alto de la última década, incrementándose en un 34 % respecto a 2024, de 86 a 115 enfrentamientos. Esto se atribuye en gran parte a la ruptura de los acuerdos que antes posibilitaban la coexistencia entre diferentes facciones, como ocurre actualmente en la región del Catatumbo, donde el ELN y el Frente 33 compiten abiertamente por el dominio territorial y el control de las rutas del narcotráfico.
¿Cuál es el impacto del fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la vida cotidiana de las comunidades?
La consolidación de los grupos armados ilegales no solo altera el panorama nacional de seguridad, sino que tiene consecuencias directas sobre las comunidades que habitan las zonas en disputa. La presencia de estas organizaciones suele implicar restricciones a la movilidad, amenazas, desplazamientos forzados y la imposición de normas paralelas a las estatales, lo que afecta la economía local, el acceso a servicios básicos y el ejercicio de derechos fundamentales.
Esta realidad convierte a las comunidades rurales y periféricas en escenarios de constante inseguridad, dificultando sus procesos de desarrollo social y económico. Ante este contexto, resulta pertinente preguntarse cómo las políticas de seguridad y los eventuales acuerdos de paz impactarán la posición de vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos que residen en estas áreas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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