En el informe ‘¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia‘, el organismo señaló que los ataques contra líderes sociales y ambientales ponen en evidencia la “falta de efectividad” del Gobierno para atender las dificultades que viven los defensores para hacer su trabajo en el país.

“Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Agregó que “desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cosas han empeorado, particularmente para quienes viven en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales”.

“Las personas defensoras seguirán muriendo hasta que el Gobierno aborde de manera efectiva cuestiones estructurales, como la profunda desigualdad y la marginalización en la que viven las comunidades, la tenencia y control de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia”, aseveró Guevara.

Según el último informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 48 líderes sociales han sido asesinados este año en el país, crímenes que son cometidos “principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.

¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el conflicto en Colombia?

El informe de AI examina las razones de la violencia contra los líderes, así como la poca efectividad de las medidas de protección del Gobierno desde que se firmó el acuerdo.

En ese sentido, recoge los casos del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, principal puerto de Colombia en el Pacífico, y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) en Norte de Santander.

Igualmente analiza las situaciones del Asentamiento Ancestral Indígena Kubeo-Sikuani (Aseinpome), en el departamento del Meta, y la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (Adispa) en Putumayo.

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Representantes de esas cuatro comunidades contaron a AI “los incidentes de amenazas y ataques que han sufrido por defender el territorio y el medio ambiente”, como los vividos por miembros del Cisca que dijeron que al habitar el Catatumbo “son estigmatizados, hostigados y violentados al ser acusados de apoyar a los grupos armados que operan en la zona”.

Igualmente, Amnistía Internacional alertó sobre cómo la pandemia de la COVID-19 ha puesto a los defensores de DD. HH. en “una situación de mayor riesgo, invisibilizando los contextos de violencia que enfrentan y la falta de protección de las autoridades”.

“Durante la pandemia las autoridades han reducido los esquemas de protección de algunas personas defensoras y han autorizado actividades que incrementan el riesgo de las comunidades como la extracción de recursos naturales, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos ilícitos”, agregó AI.

¿Qué pasa con las medidas del Gobierno Nacional para la protección de los líderes sociales?

Las autoridades colombianas, según Amnistía, han establecido medidas para proteger, “al menos en el papel”, a los defensores pero “las instituciones y sus programas están plagadas de problemas que las tornan poco efectivas”.

Por ello señala que las medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tienen un enfoque “altamente individual y urbano” porque otorgan “escoltas, teléfonos celulares y carros blindados” a los beneficiarios, cuando considera que deberían ser colectivas.

Sobre el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre los problemas de seguridad de las comunidades y está diseñado para otorgar protección colectiva, AI considera que no es efectivo porque esas medidas son incumplidas por las entidades estatales.

“Aunque Colombia cuente en teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras”, dijo Guevara.