Hace unos días, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dio a conocer que ya se adquirió un predio para las cerca de 200 familias de excombatientes de las FARC ubicadas en el espacio territorial Mariana Páez, en Mesetas, Meta.
Esta era una tarea a la que se había comprometido el presidente Gustavo Petro con los firmantes de paz de ese ETCR, que acoge a 86 mujeres -la gran mayoría madres cabeza de hogar-, y alrededor de 80 niños y niñas (30 aún de brazos), y que en marzo pasado sufrió de amenazas por parte de la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC). El mandatario, en lo que constituyó la primera visita a un espacio territorial, le había dado orden a su gabinete para encontrar en tres meses un lugar a donde pudieran trasladarse las familias. El plazo se cumplía en junio.
Según la ARN, se trata de un predio ubicado en el municipio de Acacías y que se adquirió con recursos de esa entidad a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El predio era propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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“Se han logrado adquirir 1.460 hectáreas para 140 familias y firmantes que hacen parte de ese ETCR. Esto también quiere decir que empezamos a trabajar por el punto 1 del Acuerdo de Paz y entregarles tierras productivas para sus proyectos”, explicó Alejandra Miller, directora de la ARN, quien precisó que la entrega formal podría darse a finales de este mes.
Aún no se conoce el monto de esa adquisición -porque el predio está bajo extinción de dominio-, ni tampoco su ubicación exacta por temas de seguridad. Sin embargo, el Gobierno sí acató una de las peticiones de los firmantes que habían dicho que querían quedarse en ese departamento por cuestiones de arraigo.
“Hemos trabajado sin cansancio, buscando de diversas maneras las opciones para el traslado de las familias y los proyectos productivos; es entonces, el municipio de Acacías, quien abrirá las puertas para que se siga avanzando en el proceso de reincorporación”, dijo la directora Miller.
La amenaza del EMC se sumaba a una serie de denuncias que desde hace meses llevan haciendo sobre inconformidades que tenían en esa zona porque el terreno no cumplía con las necesidades para los proyectos productivos y que terminaron por impulsar su salida.
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“Las condiciones de vivienda en las que están no son las mejores. Las puertas de las viviendas se están destruyendo y las paredes se derriten. Además, desde hace tiempo ellos vienen manifestando que hay una falta de claridad en la caracterización de los predios”, explicó hace unos meses Manuela Marín, delegada del Partido Comunes a la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación).
Además el terreno donde está ese ETCR es baldío y eso también impedía que ellos tuvieran una posibilidad real de una propiedad colectiva o de una compra de vivienda.
La noticia de la compra de predio coincide con varios hechos de violencia hacia firmantes en Meta. El más reciente ocurrió el pasado 20 de mayo cuando habitantes de otro espacio territorial en Vistahermosa denunciaron el asesinato de dos excombatientes.
A ello se suma que hace unos días, el Gobierno suspendió temporalmente el cese al fuego con la disidencia del Estado Mayor Central en cuatro departamentos, entre ellos Meta. La decisión se tomó tras la confirmación de que ese grupo armado había asesinado a cuatro niños indígenas pertenecientes a la comunidad indígena de Murui, que habían sido reclutados por esta guerrilla en Putumayo.
Luz Marina Giraldo, consejera de derechos humanos del partido Comunes y quien también vivió en el ETCR Mariana Páez, afirmó que aunque es positiva la compra del predio y el traslado de las familias, la seguridad debe verse de manera más integral, especialmente ahora cuando está roto el cese con el grupo que los amenazó.
“De todas maneras creo que ninguna tierra va a garantizar la vida de las personas. Mientras no se vea la seguridad como un acto integral de protección de la vida y se siga tratando como una necesidad de un carro o de esquema las cosas no van a cambiar. Pueden comprar medio país y entregárselo a los firmantes, pero a donde quiera que nosotros lleguemos, allá van a llegar a asesinarnos en la puerta de la casa. Así que ese enfoque de nada va a servir. Tenemos que esperar a ver qué ocurre porque estamos en una incertidumbre”, afirma.
Registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indican que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el pasado 20 de mayo, 362 firmantes han sido asesinados, 14 de ellos este año.
El historial de hechos violentos con el ETCR Mariana Páez
Los hostigamientos contra ese espacio territorial se vienen presentando desde 2019. De hecho, el primer asesinato contra un excombatiente dentro de un ETCR ocurrió justamente allí en octubre de ese año, cuando hombres armados ingresaron al lugar y acabaron con la vida de Alexánder Parra, líder social y esposo de Giraldo, entonces candidata al Concejo por el Partido FARC (hoy Comunes).
De acuerdo con reincorporados que hablaron con Colombia+20, las amenazas también llegaron al Nuevo Punto de Reincorporación (NPR) Simón Trinidad, ubicado apenas a unos 4 kilómetros de Mariana Páez.
En diciembre de 2021 ya se había producido el desplazamiento de otro espacio territorial en Meta. Unos 43 excombatientes y las familias que vivían en el ETCR Urías Rondón del Yarí, ubicado en La Macarena, tuvieron que irse del territorio por las graves condiciones de seguridad. En el operativo de salida de esa zona hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá, fueron impactados con ráfagas de fusil y los atacantes quemaron uno de los camiones que llevaban los enseres.
Los primeros desplazamientos de excombatientes en proceso de reincorporación desde los ETCR ocurrieron en Vidrí, Antioquia, y Gallo, Córdoba, respectivamente. En junio de 2020, unos 20 exguerrilleros que vivían en El Diamante, zona rural de Uribe, Meta, también abandonaron el lugar por amenazas de grupos armados. Un mes después pasó lo mismo con el ETCR de Santa Lucía, en Ituango, que debió trasladarse a Mutatá, Antioquia.
La situación de seguridad es tan grave, que en enero de 2022 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, es decir, una violación masiva del Acuerdo de Paz por los incumplimientos en garantías de protección hacia los exintegrantes de las FARC, que están siendo asesinados o desplazados sin que el Estado haga algo.
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